El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pospuso para este martes la discusión de la despenalización o no del aborto en Coahuila.
Hasta el momento 8 ministros se pronunciaron por declarar inconstitucional la criminalización del aborto, sin embargo, esto no es la votación final.
Los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat y Fernando Franco Salas quedaron pendientes de emitir su postura respecto a la discusión de la acción de inconstitucionalidad 148/2017 que presentó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra cuatro artículos del Código Penal de Coahuila.
“Todos estamos a favor de la vida, pero también estamos a favor de que las mujeres estén exentas de violencia y que puedan autodeterminar su destino”, declaró el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Agregó que “condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no sólo es injusto, sino abiertamente inconstitucional”.
Más adelante, subrayó que ni la Constitución ni los tratados internacionales han considerado al producto de la gestación como una persona, en sentido jurídico, susceptible de ser titular de derechos humanos.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa pidió analizar la temporalidad del aborto para no criminalizar a las mujeres de tal derecho.
Destacó durante la sesión del pleno, la importancia de la autonomía económica y el derecho a una educación incluyente de las mujeres.
Por su parte, el ministro ponente Luis María Aguilar señaló que “no se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las personas con capacidad de gestar, de decidir sobre su cuerpo y su vida a ser o no ser madre sin penalizarla”,
Alberto Pérez Dayán subrayó que “la maternidad no es un destino, sino una decisión voluntaria”.
Mientras que la ministra Norma Piña Hernández indicó que “la defensa de la autonomía y privacidad de las mujeres debe ser incondicional de acuerdo con su plan de vida”.
El proyecto del ministro Aguilar Morales planteó invalidar el artículo 196 del Código estatal que establece una pena de uno a tres años de cárcel para “la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.
Advirtió que el derecho de la mujer a decidir es resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la noción de que la persona humana tiene la libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones.
“El sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva, conforme a la integración y con rasgos que en seguida serán descritos”, señaló en el proyecto.
Estableció que la mujer que está embarazada habrá de decidir el libre ejercicio de su maternidad, sin que concurra ninguna circunstancia extraordinaria en relación con la causa de la concepción (producto de la violación o de un procedimiento de fecundación no consentido) y la salud de ella misma o la propia viabilidad del concebido.
“No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser “protegidas” de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que –conforme a su proyecto de vida– son las que considera más convenientes”, finalizó.
Este miércoles también se discutiría si los y las doctoras tendrían derecho a la objeción de conciencia.
FGR
