Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), ven con preocupación que el Gobierno seguirá aceptando migrantes al término del Título 42, pero ahora bajo el protocolo del Título 8; sin embargo, al momento no hay información de cómo se va a realizar.
En una carta enviada al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al de Gobernación, Adán Augusto López, cuestionan las nacionalidades que estará aceptando México y si se ha determinado un límite en el número de personas.
Además, cuáles serán los documentos migratorios que proporcionará el gobierno mexicano para la población retornada de Estados Unidos y los criterios para facilitar el retorno seguro a los países de origen, entre otras.
Señaló que es imprescindible aclarar estas dudas y crear un diálogo abierto, transparente y urgente con el gobierno mexicano, con el objetivo de brindar una atención y acompañamiento a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en ambos lados de la frontera.
Otras dudas de las organizaciones son las medidas que van a adoptar en sus oficinas para garantizar la seguridad de las personas retornadas, tipo de acuerdo conjunto o colaboración con Estados Unidos para atender a las necesidades de las poblaciones retornadas, apoyo a las instituciones que darán atención como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o la instalación de albergues temporales en las ciudades fronterizas.
Así como acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez, proteger a niñas, niños y adolescentes de los resultados de las políticas migratorias post Título 42 y las medidas para garantizar la no separación familiar.
“En varias ocasiones hemos resaltado la urgente necesidad de que el gobierno estadounidense restaure el acceso al asilo en la frontera a todas las personas que desean solicitar protección en ese país, y que el gobierno mexicano garantice los derechos humanos y seguridad de las personas retornadas al país a consecuencia de políticas estadounidenses”, destacó en la misiva.
Las organizaciones esperan que las autoridades puedan transparentar los informes acerca de los programas que benefician o afectan a los migrantes.
