La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de instalar un número menor de casillas para la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril.
De acuerdo con la dependencia, el INE incumplió la suspensión que le otorgó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en diciembre pasado, al ordenar que se realice la consulta de la manera más eficiente, como lo permita el presupuesto programado.
Es por ello que, aseguró, el órgano electoral utilizó la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recortar el número de sitios de votación a menos de 57 mil 500 en todo el país.
En la queja, agregó que la disminución “discrecional e injustificada” del número de casillas afectaría el derecho a la participación política de los ciudadanos, debido a que la asistencia no será conforme al listado nominal, por lo que se vulnerará el derecho al voto.
El ministro González Alcántara Carrancá fue quien recibió el recurso de queja y emplazó al INE para que, en los próximos 15 días, informe sobre la razón que tuvo para instalar un número de centros comiciales menor al de una consulta popular o una elección federal, que es de poco más de 161 mil.
En diciembre del año pasado, la Suprema Corte determinó que el órgano electoral deberá realizar la consulta de revocación de mandato, a pesar del recorte a su presupuesto para este 2022.
Advirtió, además, que en caso de no cumplir con lo mandatado, el órgano electoral podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales.
Esta resolución se dio al resolver la controversia constitucional presentada por el árbitro, en la que argumentó que el recorte presupuestal le impediría cumplir a plenitud con la obligación constitucional de realizar el ejercicio de revocación.
La disposición para que se realice la revocación de mandato con el presupuesto asignado de la manera más eficiente fue reiterada en febrero de este año por el ministro González Alcántara Carrancá, luego de resolver que no se debía ejercer algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General del INE.
Esto se debió a que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, promovió una denuncia penal en contra de seis consejeros que avalaron la suspensión temporal de la revocación de mandato.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló en diversas ocasiones que el recorte de presupuesto ponía en riesgo la consulta, debido al recorte por cuatro mil 900 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados.
Incluso, el INE recurrió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir recursos adicionales, con el propósito de asignarlos a esta consulta ciudadana, pero su petición fue rechazada.
- El INE incumplió la suspensión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al ordenar que se realice la consulta de manera eficiente, como lo permita el presupuesto programado.
- El órgano electoral utilizó la disposición de la Suprema Corte para recortar el número de casillas a menos de 57 mil 500 en todo el país.
- La disminución discrecional e injustificada del número de casillas afectaría el derecho a la participación política de los ciudadanos, debido a que la participación ciudadana no será conforme al listado nominal.
