La prisión preventiva oficiosa permanecerá dentro del marco jurídico mexicano, dado que los proyectos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que buscaban su inaplicación fueron retirados.
A pesar del consenso casi unánime del pleno en cuanto al rechazo de esta medida cautelar, los ministros ponentes de las propuestas, Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña, optaron por dar marcha atrás.
Ambos explicaron que reconstruirán sus proyectos, a fin de integrar las diversas posturas y argumentos que los demás ministros expusieron en sus intervenciones y presentar una propuesta de consenso.
Durante el debate que se generó en las últimas tres sesiones, diez ministros coincidieron en señalar que esta medida cautelar ha sido utilizada de forma exacerbada en el sistema de justicia mexicano y que ha resultado violatorio de los derechos humanos.
Dado que el proyecto de Luis María Aguilar proponía la invalidez de la PPO desde el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y, en consecuencia, la inaplicación del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución -que también contiene a esta medida- es que siete ministros no estuvieron de acuerdo con la metodología que él propuso para atender el tema.
Su propuesta fue en atención a dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por una minoría de senadores en contra de esta medida y su aplicación en cuanto a los delitos de tipo fiscal.
Los ministros manifestaron su desacuerdo con el proyecto argumentando que la Corte no tiene facultades para intervenir en la Constitución, dado que su deber es protegerla.
Ante estos y otros señalamientos, el ministro Aguilar Morales aclaró que en su proyecto no se sugirió declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 ni contemplar un método que implique la invasión de atribuciones con los otros poderes de la unión.
Previo a retirar su proyecto, hizo un recuento de las posturas que abonaron a señalar que el Pleno de la Corte encuentra en la PPO diversas afectaciones a los derechos humanos y no es un instrumento garante de justicia.
“Qué mensaje enviaríamos a la sociedad, si desde este alto tribunal se afirma que ello que justifica el uso de la prisión preventiva oficiosa es que no se trata de presuntos inocentes sino de presuntos delincuentes. Sobre el delicado escenario de seguridad pública por el que atraviesa el país, con todo respeto, no coincido que tal contexto deba emplearse como una pauta de decisión que justifique el uso desproporcionado de la prisión preventiva, pues me parece que cualquier perspectiva de análisis ha revelado que la configuración de esta medida como automática la transformó de posible solución a parte del problema”, mencionó.
En tanto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, cuyo proyecto proponía declarar la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 167 del CNPP, por replicar el contenido del artículo 19, dijo que su responsabilidad era construir una sentencia que contemple los argumentos del pleno del tribunal.
El proyecto de la ministra respondía a un amparo de Brandon Alexis Flores, hermano de Óscar Andrés “El Lunares”, señalado como líder de La Unión Tepito.
“Hay que decirlo: claramente existe una mayoría en el tribunal de pleno que considera que la prisión preventiva impuesta de manera oficiosa es violatoria de derechos humanos. Ante este escenario, mi responsabilidad como ponente en este asunto no es hacer prevalecer la postura que mi equipo y yo construimos en soledad, sin haberlos escuchado; mi deber hacía ustedes, frente a la relevancia de lo que discutimos, me exige construir una sentencia de este tribunal constitucional”, dijo.
lem.
