Ayer fueron promulgadas siete de las 20 reformas que Morena y sus aliados avalaron la semana pasada por la vía rápida en el Congreso de la Unión, en materia de aviación, combate al fentanilo y transferencia de facultades en la Administración Pública Federal, entre otros temas.
El primer decreto es uno de los que sí logró salir por consenso respecto a las reformas a dos leyes para dar mayores facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y armonizar el marco jurídico regulatorio del país con la normativa internacional, para que México pueda recuperar la categoría 1 en seguridad aérea que perdió hace dos años.
En la misma materia, también se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a cuatro leyes para armonizar sus lineamientos con la expedición de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, propuesta por el Presidente de la República y ya publicada desde marzo de este año.
El tercer decreto es sobre las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, para que el Estado obtenga mayores ingresos por la venta de bienes de la nación cuando éstos no son útiles, para destinarlos al servicio público.
Si un inmueble federal no logra enajenarse en una primera licitación pública, se realiza una segunda en la que podrá descontarse ya no 20 por ciento, como se establecía antes, sino sólo cinco por ciento del valor base y, si no se adjudica, se permite una tercera licitación, en la que ahora se reducirá el valor no en 40, sino únicamente en 10 por ciento.
También se promulgó la reforma a las leyes Federal de Derechos y General de Turismo, para que el 80 por ciento de los recursos recaudados por derechos de la expedición de documentos migratorios para turistas se destine a un fideicomiso que redirigirá los montos a la operación y prestación de servicios aeroportuarios y ferroviarios, entre otros.
Un quinto decreto fue la reforma a las leyes de Vías Generales de Comunicación, Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Federal de las Entidades Paraestatales, con las que los títulos de asignación de vías férreas se podrán mantener en manos del Estado de manera indefinida.
De esta forma, se establece que el Presidente podrá asignar directamente, a entidades paraestatales, el uso y aprovechamiento y de “bienes sujetos al régimen de dominio público”, con lo que la oposición acusó que esto abriría la puerta a que se entregue el control y operación del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, se promulgaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), para transferir facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la coordinación de Unidades de Administración y Finanzas, a la Secretaría de la Función Pública.
Finalmente, también se publicaron las reformas a la Ley para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas o Comprimidos, con lo que se busca hacer frente a la producción y tráfico de fentanilo.
Con la publicación de estas reformas, a partir de este miércoles comenzó a correr el plazo de 30 días naturales para que se presenten las acciones de inconstitucionalidad que anticipó la oposición.
