El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará el próximo lunes 11 de mayo la constitucionalidad o no de la reforma al artículo octavo a la Carta Magna de Baja California para ampliar el mandato de dos a cinco años del gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez.
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En el listado de asuntos de la SCJN se colocó para su discusión el expediente 112/2019 y acumulados, relacionado con las siete acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la constitución local interpuestas por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido de Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con el proyecto, el ministro ponente, José Fernando Franco González Salas, propone declarar inconstitucional la reforma a la Constitución local aprobada por el Congreso del Estado, por la que se amplió el periodo de gobierno de Bonilla Valdez de dos a cinco años.
Según dicho proyecto, se advierte que la intención del gobernador Jaime Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución federal, pues el mandato popular que recibió fue para ejercer el gobierno por únicamente dos años y prolongarlo sin un proceso electoral es inconstitucional.
Cabe mencionar que por tratarse de acciones de inconstitucionalidad, en el Pleno se requieren ocho de los 11 votos de los ministros para anular dicha modificación al artículo octavo del decreto 112 de la Carta Magna estatal, de lo contrario continuará vigente y será válido el periodo de gobierno de Bonilla que concluiría el 31 de octubre de 2024.
La historia de la impugnación
El año pasado los partidos políticos de la oposición, así como la CNDH y el INE impugnaron la validez de la reforma a la Constitución de Baja California, bajo el argumento de que se trataba de una flagrante violación a la Carta Magna federal y al principio de no reelección.
En los tribunales, la oposición pretendió que Bonilla Valdez no asumiera el cargo de gobernador de Baja California para un periodo de cinco años y sólo ocupara el puesto por dos años por los que había sido electo en junio del año pasado.
Fernando Franco González Salas en marzo pasado cerró el periodo de instrucción para recibir pruebas por parte de los involucrados en las acciones de inconstitucionalidad contra la ampliación de dicho mandato de gobierno en BC.
"Visto el estado procesal del expediente, toda vez que ha transcurrido el plazo legal concedido a las partes para que formularan alegatos y que los autos se encuentran debidamente integrados, se cierra instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente", detalló el acuerdo.
Previamente, el ministro solicitó la opinión jurídica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 3 de diciembre, la cual considera que es inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California porque se aparta de la regularidad constitucional.
"No es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al Gobernador por voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años, pues el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema […] no es válido que se prorrogue el mandato”, señaló el tribunal.
KA
