Estos son los puntos que se tocaron en el foro 'Diálogos nacionales sobre reformas al Poder Judicial'

Académicos, especialistas y abogados externaron posturas sobre la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados, y que este lunes se efectuó en Guadalajara, Jalisco.

Ana Sofía Torres Menchaca, maestra en derecho constitucional y derechos humanos, expresó que es una reforma compleja, amplia, bien elaborada y con argumentos. Consideró valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.

No obstante, dijo, es incompleta si no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.

Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la propuesta de elección popular directa de ministras y ministros es importante considerar los fundamentos de la gobernabilidad; es decir, no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Llamó a considerar el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para que ministras y ministros conozcan las diferentes disciplinas jurídicas sobre las cuales tendrían que estar preparados; además, garantizar la transversalidad de género.

Existen puntos de la reforma ha evaluarse con profundidad

Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito, señaló que existen puntos de la reforma que deben evaluarse a profundidad; entre ellos la elección de personas juzgadoras, por lo cual propuso que se considere que las y los jueces cuenten con las condiciones necesarias exigidas, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y que sean más receptivos a las necesidades de las personas.

Para aspirar a una candidatura a juez o jueza se deben poner candados estrictos: tener carrera judicial sólida entre 5 o 10 años y no haber sido sancionado por falta grave. En caso de no contar con una carrera judicial, la persona aspirante debe cumplir con un examen de oposición que le practique la nueva Escuela Federal de Formación Judicial.

La abogada Katya Fernanda Ocampo Sáenz afirmó que la reforma propuesta cambia el mecanismo de elección de las personas juzgadoras, para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y la Cámara de Diputados propongan 10 candidatos cada uno, e integren la lista de lo que votaría la población de manera libre y secreta. “Al final, la responsabilidad caerá en los tres Poderes, pero la última palabra la debe tener el pueblo”, enfatizó.

Marcos del Rosario Rodríguez, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, dijo que para garantizar el acceso a la justicia se requiere de jueces que la administren con perspectiva de derechos humanos, cuenten con el suficiente criterio para dar entrada a los asuntos que requieren una atención urgente o, en su caso, dictar las medidas cautelares necesarias de manera oportuna y pertinente, y de esta forma proteger los derechos humanos que puedan verse en riesgo.

La abogada y maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, argumentó que la nueva composición de la Suprema Corte plantea que todos los asuntos los resolverá el Pleno, en lugar de las dos Salas que existen actualmente para hacerlo, lo cual favorece a la democracia, porque se podrá conocer ahora a quienes conformarán este tribunal y permitirá restaurar el equilibrio de poderes.

Al referirse a la nueva integración del Pleno de la SCJN, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Constitucionalista, Javier Hurtado González, dijo que la iniciativa cuestiona el supuesto prejuicio de que quienes hacen las leyes pueden ser electos y quienes las integran no, y se revisa el concepto de autonomía del Poder Judicial pues esta se ha tergiversado. “La autonomía es de la función jurisdiccional, no del Poder Judicial, no puede haber en el mundo ni en una democracia un Poder autónomo e independiente, es un absurdo y una contradicción histórica”.

Propuso que en lugar de una lista de 30 candidaturas de las que se va a integrar la SCJN sean tres listas divididas en igual número de circunscripciones, circuitos o regiones con candidatos oriundos o que hayan hecho su carrera profesional en alguna de las entidades de esa delimitación.