Entregan la solicitud formal

Ratifica Segob solicitud de juicio de procedencia

Por violación a la Constitución al haber ordenado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nombrara a dos magistrados faltantes en la Sala Superior

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Foto: Especial

La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó la solicitud de juicio político contra el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa, Rodrigo de la Peza López, ante la Cámara de Diputados, por violación a la Constitución al haber ordenado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que nombrara a dos magistrados faltantes en la Sala Superior.

Omar Gutiérrez, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la dependencia, entregó la solicitud formal para que los diputados procedan a la inhabilitación del impartidor de justicia.

La Oficialía Mayor de la Cámara baja deberá turnar la solicitud a la Subcomisión de Examen Previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. Dicha subcomisión contará con un plazo no mayor a 30 días para determinar si De la Peza incurrió en algún ilícito o violación a la Constitución, con base en las pruebas que la Segob aporte al expediente.

Por separado, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, explicó en sus redes que las decisiones del juez “han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente pero no atendidos por el órgano de control del Poder Judicial: el Consejo de la Judicatura.

“Por eso se acude al poder donde reside la representación popular, y que sean las diputadas y diputados quienes determinen si ha existido en sus decisiones un ejercicio excesivo de facultades o invasión de competencias de otros poderes o autoridades, como su reciente intromisión en asuntos de jurisdicción exclusiva del Tribunal Electoral”, subrayó.

Acusó que en el actuar del juez “es evidente una conducta facciosa por quien debe garantizar imparcialidad. De los jueces se espera argumentación jurídica y no consignas políticas convertidas en sentencias”.