En el ocaso de las campañas en el actual proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) ha recibido 24 denuncias desde abril, cuando comenzaron los comicios. Más de la mitad de dichos recursos se concentran en dos de las seis entidades que celebran elecciones y que no están catalogadas por los propios partidos como estados que puedan significar riesgo de violencia: Hidalgo, con ocho, y Quintana Roo, con seis.
En Tamaulipas se han presentado cinco recursos; Oaxaca y Durango, dos en cada uno, y una más en Aguascalientes.
En la elección del año pasado, cuando15 entidades renovaron sus gubernaturas y, algunos de ellos, presidencias municipales y congresos, la Fisel había recibido, la víspera de la jornada, más de mil denuncias, aunque la mayoría fueron desechadas por inconsistencias o por incompetencia.
Al respecto, Aldo Muñoz Armenta, especialista en temas electorales, dijo a La Razón que el organismo no tiene la capacidad técnica ni política para que esas denuncias se conviertan en expedientes que generen un juicio o una sanción a los presuntos infractores.
“Lo que hace la Fisel es recopilar denuncias y eventualmente revisar las más políticamente importantes para darle seguimiento”, dijo.
Gustavo López Montiel, académico de ciencias políticas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señaló que las denuncias normalmente no tienen un final en términos de algún proceso porque la ley de delitos electorales es complicada y hace poco factible la configuración de un delito.
“La ley tiene un poco más de 200 delitos que se consideran en el contexto electoral, pero en términos reales son muy pocos lo que se pueden materializar. Ha demostrado ser una ley poco operativa”, indicó.
