La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que en México “la justicia enfrenta retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años”.
Agregó: “Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”.
Aún así, dijo que “la Corte mantiene el firme propósito de participar siempre en la construcción de una sociedad más justa y más armónica”.
Al respecto, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervención en la mesa de trabajo confirmó que el tema de la independencia de los jueces es una característica “importante en un país que enfrenta una criminalidad compleja.” La ministra refrendó el compromiso, tanto de la SCJN como del Consejo de la Judicatura Federal, con el combate a las detenciones arbitrarias.
“Estamos comprometidos —no sólo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección de la dignidad de las personas”, afirmó.