Sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedará la última decisión respecto a la implementación o no del Plan B de Reforma Electoral, pues en el Senado de la República ya no se puede hacer nada para frenar su aprobación.
Así lo comunicó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, al reunirse con representantes de 84 organizaciones civiles este viernes.
Los ciudadanos acudieron para expresar sus inquietudes respecto a la enmienda presidencial en materia electoral, cuya ratificación, advirtieron, representará un “retroceso” para la democracia del país.
“Reivindicamos el valor del diálogo y el peso de la razón en esta última oportunidad que tendrán los senadores para no causar un daño irreparable a la vida de nuestra república”, expresó Ricardo Becerra, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.
Sin embargo, Monreal Ávila reiteró que “no hay nada que hacer en el Senado… en nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas”.
Esto, en referencia a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que partidos y personajes políticos de oposición presentaron ante el máximo tribunal del país y que deberá resolver.
El senador morenista explicó a los representantes de las organizaciones que el Senado únicamente discutirá sobre el apartado conocido como la “cláusula de la vida eterna”, con la que los partidos podrían evitar su desaparición mediante el reparto de votos. El resto de la reforma ya está aprobado.
Ricardo Becerra insistió al órgano legislativo que el Plan B traerá consecuencias inevitables, que derivarán en múltiples impugnaciones con gran costo para el país.
Hasta ahora, el paquete de reformas ya publicado acumula ocho acciones legales en su contra, de las cuales seis fueron acciones de inconstitucionalidad promovidas por separado por las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores de los mismos partidos, además de las controversias constitucionales que presentó el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Al acompañar a su partido ante la Corte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anunció que solicitaría a la Corte dar celeridad a la resolución de las acciones dada la relevancia del asunto para el país.
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Leo
