La CNDH señala que no impugnará reforma al Poder Judicial

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, advirtió que no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, porque: “es un triunfo del pueblo y una consecuencia de las elecciones del pasado 2 de junio”.

Se indicó que la reforma publicada este 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación es un avance en materia de derechos humanos, y agregó que la dependencia no defiende intereses políticos sino se debe a un mandato del pueblo.

“Esta Comisión no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas; eso era antes, hoy se debe al pueblo”, afirmó la CNDH.

El organismo señaló que en distintos momentos le han presionado para que interponga una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de satisfacer ambiciones ajenas a los intereses del pueblo.

Agregó: “Son las argucias que siempre han utilizado, y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos. Así lo han hecho desde que inició la actual gestión, y hemos resistido, y seguiremos resistiendo, porque nuestro único compromiso es con el pueblo”.

La CNDH enfatizó que “es facultad del poder reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni del Poder Judicial”.

Adicionalmente, enfatizó que el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa.

“Su análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente, a pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, reflejo del sistema democrático que hoy prevalece en nuestro país”, acotó.

“Dado que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución”, agregó.

Además, la institución impulsó la iniciativa de reforma que provocaría que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) absorba y se encargue del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN), justificando la decisión con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y la supuesta corrupción en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, en el 2007.

“Por eso apoyamos la nueva estrategia de seguridad y decisión de otorgar a la Sedena el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional; por eso evidenciamos la conclusión del Estado en el crimen de Luis Donaldo Colosio y en la tortura de quien hicieron pasar por su asesino; por eso visibilizamos la corrupción que rodeó el caso de Ernestina Ascencio Rosario, ocultado por la CNDH en 2007 por órdenes presidenciales”, señaló.

FGR