La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría “socavar la independencia”.
La relatora se sumó a la controversia generada por dicho proyecto, luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), envió un escrito a las Naciones Unidas sobre “los graves efectos de la reforma judicial”.
Satterthwaite realizó un análisis sobre el impacto que tendría, por lo que alertó sobre la posibilidad de que la iniciativa sea promulgada sin modificaciones, además, consideró “preocupante” su contenido, al precisar que no especifica los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno, además de que no incluye disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de la elección.
“Con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, las cuales considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, dijo en su pronunciamiento.
Señaló que el impacto podría ser directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato.
Con la reforma se corre el riesgo de que los candidatos a jueces o magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas debido a que no se establecen procedimientos sobre la conducta que deberán seguirMargaret Satterthwaite, Relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados
“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, señaló.
La relatora señaló que definitivamente la reforma judicial carece de un mecanismo transparente, independiente y accesible y que, además, este no permite ser una autoridad independiente ni verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad.
“Con la reforma se corre el riesgo de que los candidatos a jueces o magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas debido a que no se establecen procedimientos sobre la conducta que deberán seguir los aspirantes a dichos cargos”, acotó la relatora especial de la ONU.
Refirió que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.
Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de jueces y abogados, así como instituciones académicas han alertado sobre los peligros que estas reformas representan para el Estado de derecho.
