ONU llama a reconsiderar enmienda presidencial

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo un nuevo llamado al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere la propuesta de reforma al Poder Judicial y “garantizar la independencia judicial”.

En el marco de la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados de dicha reforma, poco más de mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su urgente intervención para evitar el aval de la enmienda.

“Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, expuso en sus redes sociales.

Satterthwaite insistió en dar el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial.

Hace un mes Satterthwaite dirigió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que alertó de que la reforma, que busca elegir por voto popular a jueces y ministros, podría “socavar la independencia de la judicatura”.

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, dijo la alta comisionada. 

BUSCAN APOYO INTERNACIONAL. Por separado, se dio a conocer que poco más de mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la CIDH “de manera urgente ejecute sus atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar la reforma judicial”.

En conferencia de prensa, encabezada por los magistrados Michele Franco González y Rogelio Alanís García, los juzgadores señalaron que su petición obedece a que con la reforma judicial se “apunta un golpe de Estado” que persigue sólo la concentración total del poder.

El magistrado José Manuel Torres detalló en su turno que la reforma va directo “y aunque se niegue hacia un golpe de Estado enmascarado”, dijo que disfrazado de “un discurso democratizador”, que en realidad persigue la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma.

“Con responsabilidad hacemos ver a esa Comisión, que en este momento ya se ha dado el primer paso en esa dirección, semanas de supuestos diálogos, sólo simulados que dieron lugar a un dictamen, agendado para discutirse en la Cámara de Diputados”, afirmó.

El magistrado señaló que depende de cómo se dé la jornada de este lunes que los trabajadores del poder judicial ejecuten el siguiente paso y que una vez anunciada una tentativa aprobación de la reforma actuaran ante organismos internacionales.

“No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren personas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno, pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas”, señaló el magistrado.

Afirmó que la petición que realizan a la Comisión “se sustenta en los estándares internacionales, entre ellos que el cese masivo de personas juzgadoras es un acto ilícito internacional por ser un claro atentado contra múltiples derechos humanos y muy especialmente contra el acceso a la justicia, la protección judicial y las garantías judiciales”.

Estudiantes de derecho se suman a protesta

Estudiantes de nueve facultades y escuelas de derecho expresaron su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial en su demanda para que la reforma en la materia respete la autonomía de ese poder, por lo que demandaron a los legisladores llevar a cabo un efectivo diálogo inclusivo, con la participación de expertos, académicos y sociedad civil.

El pronunciamiento fue compartido por las sociedades de estudiantes de las carreras de derecho de la UNAM, ITAM, Universidad Panamericana, La Salle, CIDE, ITESO, ITESM y UAEM.

Previamente, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM externaron en un comunicado su rechazo a la reforma judicial y llamaron a los legisladores a replantearla “de manera clara”.

Asimismo Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, dijo que el conjunto de reformas propuesto por el Poder Ejecutivo tendría repercusión directa en el Estado de derecho, ése sería el problema fundamental, porque lo rompería.

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FGR