A pesar de los reclamos de la oposición e incluso la renuencia de algunos consejeros que se declararon abiertamente en contra de la sobrerrepresentación, ayer avanzó en el Instituto Nacional Electoral (INE) el proyecto con el que se establece que Morena y sus aliados tendrán más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, una mayoría calificada que les permitirá aprobar sin impedimento alguno reformas no sólo legales, sino también constitucionales como la judicial.
Por unanimidad de votos en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se aprobó el proyecto, que aún deberá ser votado por el Consejo General este viernes, en el que se asignan 364 curules a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que la oposición y una diputación independiente quedará reducida a menos de un tercio de la Cámara baja, con 136 espacios.
Durante la sesión, el consejero presidente de la comisión, Uuc-kib Espadas, dijo que a pesar de no estar de acuerdo con que la asignación de diputaciones no corresponda necesariamente a la votación de la ciudadanía, se debe respetar lo mandatado por la Constitución.
“No me gusta la sobrerrepresentación, no me gusta y opino que no es el mejor arreglo para nuestro país… pero la Constitución no obedece a lo que a mí me pueda parecer ideal. La Constitución es un complejo sistema de reglas, de principios, de ponderación de principios y de articulación de derechos, facultades de autoridades y prerrogativas de ciudadanos y diversas instancias, que tiene que ser respetado”, dijo, durante la sesión.
Sobre las exigencias a los consejeros electorales para que “interpretaran” el artículo 54 de la Constitución y así no se permitiera que Morena y aliados alcancen la mayoría calificada, efecto de la aplicación literal de la norma, señaló que tampoco se puede recurrir a esto.
Explicó que la forma que se tiene para ir en contra de lo que dicta la Carta Magna es determinar que su aplicación estricta implica una violación a los derechos humanos, dentro de los cuales no se contempla la representación legislativa como uno y por lo cual, al menos él, se dijo no facultado para oponerse a su aplicación literal.
Soy proporcionalista, soy demócrata, pero estoy obligado a respetar el orden republicano, a respetar la prevalencia de la Constitución, más allá de los criterios éticos de los funcionarios electoralesUuc-kib Espadas, Consejero del INE
“No puedo tampoco interpretar que donde la Constitución dice partido político, podamos concluir que se trata de un sinónimo de coalición. No podemos suponer como una falla de un legislador que tuvo un esfuerzo sistemático y particular para regular las coaliciones, que establecer que la sobrerrepresentación se aplique por igual a partidos o coaliciones. Es una decisión expresa, es una decisión textualmente explícita de la soberanía y, por tanto, estoy obligado a subordinarme a ella, no sólo por el propio orden constitucional, sino por la protesta que rendí para asumir este cargo”, dijo.
Espadas Ancona expresó una crítica al sistema electoral, al señalar que contiene “graves deficiencias” que derivan en que el voto de las y los mexicanos no pese igual cuando ya se está en ejercicio del cargo.
“Esto me impide a mí actuar ignorando el mandato literal de la Constitución; soy proporcionalista, soy demócrata, pero estoy obligado a respetar el orden republicano, a respetar la prevalencia de la Constitución, más allá de los criterios éticos de los funcionarios electorales. No habiendo una violación a los derechos humanos, estamos obligados a respetar la literalidad del texto constitucional”, reiteró el consejero electoral.
En su oportunidad, el representante de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa Mijares, acusó que se permitió una transferencia de votos entre Morena y sus aliados, con lo que se impidió que el partido guinda rebasara el límite de 300 diputaciones.
De igual forma, se avaló la composición en el Senado de la República, donde la Cuarta Transfornación quedará a sólo dos escaños de contar también con la mayoría calificada, pues entre Morena y sus partidos aliados contarán con 83 senadurías de las 128 de las que se compone la Cámara alta.
AMLO teme “cañonazos” de dinero a consejeros
Al denunciar que la oposición y los potentados ejercen presión sobre consejeros y magistrados electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador los convocó a respetar lo establecido en la ley para realizar la distribución de diputaciones plurinominales y no cometer la “barbaridad” de modificar la fórmula establecida en la Constitución.
Advirtió que, además de recibir presiones del sector empresarial, la autoridad electoral podría recibir “cañonazos” de dinero, para evitar que la 4T logre la mayoría calificada en San Lázaro.
“Ojalá tomen en cuenta que el pueblo existe, que no vayan a cometer de nuevo el error de menospreciar, de ningunear al pueblo. Entonces, que respiren profundo, se tranquilicen y acepten de que hay una realidad distinta.
“(…) Vamos a esperar a ver qué resuelven en el Consejo, en el Tribunal Electoral, que se ajusten a las reglas, a lo que establece la Constitución, que no se vaya a cometer, por presiones, la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley”, aseguró.
Insistió en que se está presionando a los consejeros del INE que habrán de definir este viernes la distribución de las diputaciones plurinominales, así como a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes recibirán las impugnaciones correspondientes.
“Son capaces de muchas cosas, ‘cañonazos’ y ya no son los de la época de Obregón de 40 mil pesos. Hay que estar muy pendientes, es ojo mucho ojo, para que no actúen como lo hacían antes y hasta hace poco”, aseveró el Jefe del Ejecutivo federal.
También indicó que no ha tenido respuesta de las cinco personas más ricas de México, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Alberto Baillères y María Asunción Aramburuzabala, sobre si están de acuerdo en que se viole la Carta Magna en la supuesta sobrerrepresentación de Morena y la reforma judicial.
Morena promete no “aplanar” a oposición
Con la expectativa de que tendrán la mayoría calificada que les permitirá aprobar las reformas que decidan, tanto a nivel legal como constitucional, los nuevos morenistas en la Cámara de Diputados aseguraron que no “aplanarán” a la oposición y que habrá diálogo abierto, pero advirtieron que harán uso de lo que “el pueblo dio en las urnas”: el mandato para aprobar las reformas enviadas por el Presidente de la República.
Ayer comenzó la credencialización de las y los diputados que conformarán la LXVI Legislatura en San Lázaro y que resultaron electos por el principio de mayoría relativa, cuyo primer turno correspondió a los morenistas.
La primera en llegar fue Dolores Padierna, quien fijó como primera responsabilidad el desahogo de las 18 reformas constitucionales enviadas en febrero por el mandatario federal, principalmente la relativa al Poder Judicial (PJ), con lo que vaticinó que será una “legislatura excesivamente pesada”.
Respecto al trato hacia la oposición, aseguró que la relación será de respeto y diálogo, pues aseguró que no se trata de pasar por encima de los demás y que los partidos no son lo importante, sino “sacar adelante al país”.
Al respecto, César Cravioto —quien sólo será diputado por un mes para luego incorporarse como próximo secretario de Gobierno en la CDMX— descartó que se vaya a aplicar una “aplanadora”.
“Depende de ellos; si ellos no mandan propuestas, si ellos, ante un planteamiento legislativo, en lugar de hacer propuestas dicen ‘no va a pasar’, pues sí vamos a usar lo que nos dio el pueblo en las urnas democráticamente, pero sí hay disposición de enriquecer las leyes; se buscará incorporar adiciones que pueda hacer la oposición”, declaró.
“La democracia está en riesgo”: IP pide frenar sobrerrepresentación
La sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión y la aprobación de la Reforma Judicial, ponen en riesgo la democracia en México, además de implicar un retroceso, pues los tiempos en los que un solo partido político ganaba todas las elecciones, ya quedaron atrás, aseguró José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Citibanamex coincidió en las “graves implicaciones” en la democracia que tendrá esta situación; sin embargo, aseguró que los mercados parecen estar subestimando el riesgo que representa en el panorama económico y político del país.
En un mensaje a medios, respaldado por los representantes de 71 centros empresariales de la Coparmex, José Medina Mora, sentenció que no se vale que el partido guinda respete algunos apartados del artículo 55 de la Constitución, como los referentes a la coalición para cumplir con el requisito de tener más de 200 diputados en al menos 200 distritos, pero en la parte de los topes, se tome literalmente por partido.
“Los ciudadanos ya hicimos nuestra parte que fue desde la promoción neutral del voto, la credencialización, la observación electoral, la participación como funcionarios de casilla en la organización de la recepción de los votos el conteo de los mismos, el levantamiento de las actas, ahora es tiempo de las autoridades electorales”, remarcó.
El líder del sindicato patronal hizo un llamado a los 11 consejeros del INE y a los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que hagan una lectura histórica en donde encuentren el objetivo que tuvo cada una de las modificaciones de la Constitución y se garantice la participación de las minorías.
Por su parte, Citibanamex, sostuvo que la mayoría calificada de Morena y aliados podría tener consecuencias significativas en la democracia del país, lo que puede afectar en el futuro la prima de riesgo entre los inversionistas y desencadenar una reacción acumulada en los mercados.
“Dada la moderación en las reacciones del mercado, es posible que quienes ya descuenten las reformas consideren que, aunque éstas debilitan la democracia, no implicarán políticas económicas anti-mercado ni debilitarán el marco macroeconómico”, señaló.
A escasos días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asigne los espacios legislativos, Citibanamex destacó que durante estos seis años del Presidente Andrés Manuel López Obrador “avanzó con pasos graduales pero inexorables” en el proceso de debilitamiento y captura de las autoridades electorales.
Por lo que, dijo, es muy probable que se apruebe la sobrerrepresentación de la coalición morenista en el Congreso, lo que cimentaría un nuevo régimen. Con esto, se daría un “debilitamiento de la democracia o inclusive su desaparición”, ya que este control legislativo excede ampliamente el límite constitucional de 8.0 por ciento de representación por partido establecido en la Carta Magna.
Citibanamex también subraya que si, aunado a la sobrerrepresentación, se contemplan las mayorías absolutas en los más de 20 congresos estatales y el control de 24 de las 32 gubernaturas, se podría garantizar que en septiembre se apruebe la reforma judicial y las otras iniciativas del Plan C.
Por otra parte, Bank of America (BofA) afirmó que la Reforma Judicial “tiene enormes implicaciones para el funcionamiento de la democracia”, ya que busca la remoción de 7 mil 293 jueces en México, así como de los 11 ministros de la Suprema Corte para que sean elegidos por voto popular.
“Varias reformas que se presentarán en septiembre podrían tener implicaciones que generen problemas contemplados en los acuerdos comerciales de México (el T-MEC)”, enfatizó.
El banco estadounidense detalló que entre las reformas que contravienen el T-MEC está la de la eliminación de los organismos autónomos, ya que son requeridos en el tratado; también la iniciativa sobre los trenes de pasajeros podría violar las protecciones a inversores bajo el T-MEC, y la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, así cómo el cambio de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex de “empresas productivas” a “empresas estatales” también podría presentar un conflicto con el acuerdo comercial.
En este sentido, la Coparmex sostuvo que de llevarse a cabo la reforma al Poder Judicial se pondría en entredicho la independencia del sistema de justicia, la cual “es esencial para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento del Estado de derecho en México”.
