El Centro Prodh dijo que “el respaldo de todos los gobiernos estatales de todos los partidos a la prisión preventiva oficiosa #PPO es una expresión del fracaso de toda la clase política para impulsar el fortalecimiento de las fiscales, que son la verdadera causa de la impunidad”.
A través de sus redes sociales el organismo mostró su posicionamiento luego de que los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se alerta a la presidenta, Norma Piña Hernández, de las consecuencias que traería la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, dijeron los gobernadores.
Recientemente, el 17 de abril de este año, el Centro Prodh dijo que era “falso que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa atente contra la soberanía nacional y sea un riesgo para la seguridad”.
Lo anterior tras las declaraciones expresadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) del pasado 16 de abril en la conferencia matutina presidencial, donde integrantes del colectivo Pena sin culpa emitió un comunicado entorno al cumplimiento de la sentencia del caso Daniel García y Otros, dictada hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El colectivo externó preocupación por los señalamientos vertidos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa.
En esa ocasión el organismo dijo que “la sentencia internacional es obligatoria e inapelable. Se remitió a la SCJN para que en el ámbito de sus facultades actuara conforme a derecho y conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales”.
