La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que respeta el paro indefinido de actividades que realizan trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la reforma judicial, pero que no coincide con ella, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la suspensión de labores es ilegal, aunque mencionó que corresponde fijar sanciones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Además, subrayó que a la mayoría de los mexicanos no les importa el paro de labores. Por su parte, los líderes de Morena en el Congreso de la Unión advirtieron que el paro indefinido de actividades no va a frenar la reforma en la materia que está por discutirse.
“Respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos”, declaró en conferencia de prensa Claudia Sheinbaum.
Además, Claudia Sheinbaum señaló que con el proyecto legislativo que se alista en la Cámara de Diputados permitirá no sólo incluye el mantener la Carrera Judicial, sino que permitirá que “todos” tengan la oportunidad de ser jueces, ministros y magistrados.
El mismo planteamiento hizo en respuesta al fragmento de una participación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández que hoy destacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien refirió incertidumbre sobre el futuro del Poder Judicial al que se busca cambiar con un proyecto que, a su ver, carece de un diagnóstico.
¿Independencia de quién? En el momento en que un juez sea electo por el pueblo tendrá más autonomía que la que tiene ahora, porque ¿quién le va a poder decir u orientar a una decisión? Si es electo por el pueblo, tiene la fuerza de haber sido electo, ¿o qué hoy el Poder Judicial es extraordinario en nuestro país? No coincido con la presidenta de la Suprema CorteClaudia Sheinbaum, Presidenta electa
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es ilegal el paro de labores que realizan los trabajadores del Poder Judicial; sin embargo, afirmó que éste beneficia al Gobierno porque “así los jueces no van a liberar a criminales”.
“Ahora que decidieron irse a huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, les diría con franqueza que hasta nos ayudará porque, si estarán inactivos, entonces no dejarán libres a delincuentes del crimen organizado, y como no trabajan los juzgados, tampoco habrá libertad para los delincuentes de cuello blanco”, ironizó el mandatario.
Además, el senador de Morena Félix Salgado Macedonio advirtió que se puede iniciar un juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por violar la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Amerita juicio político, hay una ley de responsabilidades de los funcionarios y ella está atacando a la administración pública”, afirmó, en entrevista en el Senado, luego de asistir al trámite de credencialización para la siguiente legislatura.
El senador Ricardo Monreal calificó como un “paro loco” la suspensión de labores y advirtió que la mayoría legislativa no se detendrá por “presiones o chantajes” para discutir y, en su caso, aprobar la reforma judicial.
Lamentó la posición inamovible de jueces y magistrados, que adelantaron que no levantarán el paro en tanto no se deseche esta reforma, y denunció que detrás de estas movilizaciones se encuentra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
Es un paro loco, porque no hay en la ley y en la Constitución ninguna circunstancia que lo amerite. La autoridad debe de hacer sólo lo que la ley le permiteRicardo Monreal, Coordinador de Morena en el Senado
“Es un paro loco, porque no hay en la ley y en la Constitución ninguna circunstancia que lo amerite. La autoridad debe de hacer sólo lo que la ley le permite; es el principio de legalidad, se está violando el principio de legalidad; la autoridad no puede hacer nada que la ley no le permita, y este paro loco no está en la ley ni en la Constitución. Simplemente están incurriendo en denegación de la justicia, en obstaculizar el acceso a la justicia”, afirmó.
Sostuvo que se trata de un asunto político, una estrategia que viola la Constitución y la ley, y que “ellos tendrán que autoanalizarse, porque en ningún país del mundo el propio Poder Judicial, que aplica la Constitución y la ley, la viola”.
En el mismo tono, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coincidió en que el paro de labores de juzgadores y empleados no detendrá la reforma y acusó a quienes participan en él de formar parte de la composición “casi feudal” del CJF.
Afirmó que cerca del “60 por ciento de los trabajadores que se manifiestan en contra de la reforma tienen una relación directa, familiar y de amistad, de grupo” con jueces y magistrados, a quienes acusó de usar la incertidumbre para desinformarlos.
Presentan ruta de elección de ministros
Al presentar la propuesta de boleta para votar por jueces, magistrados y ministros, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, delineó las dos etapas en que se elegirán a éstos, en 2025 y 2027, cuyo proceso estará a cargo del INE. Las campañas durarán dos meses y no se permitirá el financiamiento público ni privado.
Explicó que, durante el proceso electoral extraordinario para elegir a los miembros del Poder Judicial, se otorgarán tiempos de radio y televisión, así como foros de debate para los diversos aspirantes a jueces, magistrados y ministros.
Detalló que la renovación de los cargos del Poder Judicial será en dos etapas. El 1 de junio de 2025 se elegirá a la totalidad de ministros de la Suprema Corte; integrantes del Tribunal de Disciplina; vacantes de la Sala Superior, la totalidad de salas regionales del Tribunal Electoral, y la mitad de magistrados de Circuito y jueces de Distrito.
Mencionó que los Comités de Evaluación van a verificar los antecedentes académicos profesionales y las cualidades técnicas y éticas de los aspirantes, para seleccionar los mejores perfiles y elegir mediante insaculación, “algo así como tómbola”, dijo, a tres candidatos por cargo (ministro, magistrado electoral e integrante del Tribunal de Disciplina), y dos candidatos por cargo de magistrado de Circuito o juez.
Destacó que habría paridad de género en la elección de representantes del Poder Judicial, por lo que la ciudadanía debería elegir a cinco mujeres y cinco hombres para jueces; cinco mujeres y cinco hombres para magistrados; así como cinco mujeres y cuatro hombres para ministros.
La boleta tendrá una lista de 92 aspirantes para ser votados, las cuales se dividen en cuatro apartados: los postulados por el Poder Ejecutivo, los designados por el Poder Legislativo, los propuestos por el Poder Judicial (cada uno con 27 nombres) y en funciones, con 11 espacios.
Además, se cuenta con un área para votar por alguna persona no registrada en la lista, detalló, al reiterar que los ministros, magistrados y jueces en funciones tendrán pase automático a la boleta.
La titular de Segob expuso que durante todo el proceso de selección de los miembros del PJ, el INE será responsable de organizar, supervisar y fiscalizar la elección.
Añadió que el proyecto de dictamen de la reforma establece que las personas más votadas son quienes ocupen los cargos, alternando la asignación entre hombres y mujeres. Finalmente, la segunda mitad de los jueces y magistrados se habrán de votar en la elección intermedia de 2027.
Vocera del Poder Judicial desestima acciones legales por paro de labores
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), desestimó los amagos de acciones legales en contra de éstos, a raíz del paro de labores que llevan a cabo, al asegurar que no son “viables” porque, dijo, los manifestantes están actuando conforme a derecho.
Negó que el paro de labores para protestar contra la reforma judicial que se discutirá en el Congreso de la Unión implique estar actuando en contra de la ley, pues de hacerlo así “no estarían ejerciendo el derecho que tienen de manifestarse”, y afirmó que los señalamientos en ese sentido son parte del mismo discurso que pretende “dejarlos sin voz”.
El senador morenista Ricardo Monreal declaró en días pasados que el paro de labores es un “delito grave” que viola el artículo 17 de la Constitución. “Al irse a paro, jueces y magistrados violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta, porque de lo contrario obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia”, aseguró.
Patricia Aguayo señaló que “es una mentira que nos estemos olvidando de la ciudadanía; nos estamos defendiendo para poder defenderlos a ellos”, dijo. Sin embargo, aseguró que los insultos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por estar en paro, se deben a que está molesto porque “sabe que nosotros los trabajadores tenemos razón”.
Aguayo dijo a La Razón que desde el lunes y hasta este martes sumaban 55 mil trabajadores en paro en el país y se habían sumado 34 sedes de justicia, por lo que descalificó los comentarios que aseguran que los trabajadores han sufrido presión para detener actividades, al referir que se trata de parte de una estrategia para deslegitimar al movimiento que representa.
“Los trabajadores nos hablan, nos dicen que han investigado y que saben por qué se suman; nadie está obligado a participar y, quien no participa, tampoco es violentado o amedrentado”, señaló.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y vocera de los trabajadores de base del Poder Judicial, explicó que no hay manipulación.
Enfatizó que los trabajadores están actuando por convicción propia y que no hay intervención de jueces, magistrados o ministros. “No somos manipulados por nadie; somos gente pensante”, dijo.
Este martes se dio a conocer también que en una sesión privada que llevó a cabo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se plantearon diversos puntos de vista de ministras y ministros sobre la reforma judicial, pero no llegaron a ningún acuerdo. Se decidió que posteriormente continuará el análisis de la enmienda.
En la sesión, la ministra presidenta, Norma Piña, fue cuestionada por sus compañeros sobre la postura oficial que dará la Corte ante la suspensión de labores que emprendieron los trabajadores del Poder Judicial.
Los ministros de la Suprema Corte concluyeron su sesión privada con duración de tres horas, en la que también revisaron el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Al no concluir, los ministros determinaron continuar el diálogo el próximo jueves.
De acuerdo con fuentes del tribunal constitucional, la reunión se inició a las 11:30 horas y concluyó casi a las 14:30 horas. Sólo estuvieron presentes 10 de los 11 ministros, sin sus equipos de trabajo. Quien estuvo ausente fue Luis María Aguilar Morales.
Norma Piña Hernández fue quien convocó a esta sesión, luego de recibir cuestionamientos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre cuál es la estrategia y respuesta que dará la Corte a la iniciativa presidencial de reforma.
Con atención a temas urgentes CJF se “blinda”
Hasta ahora, el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha extendido a 28 estados y, aunque contempla la suspensión de actividades jurisdiccionales, hay temas específicos de urgencia que los manifestantes sí deberán atender para evitar sanciones, de acuerdo con la circular 16/2024 que les hizo llegar el Consejo de la Judicatura Federal y que, a decir de la lideresa de los trabajadores, Patricia Aguayo, “se cumplirá a cabalidad”.
El documento señala que “para considerar un asunto como urgente se deberá tomar en cuenta si los derechos humanos están en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pueda traer la espera en la conclusión de la suspensión de labores”.
Asimismo, los juzgadores tendrán en cuenta que dichos asuntos puedan tener posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a los derechos económicos y sociales para personas en especial situación de vulnerabilidad, destacando los relacionados con la salud.
Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal estableció que se seguirán atendiendo los casos en los Centros de Justicia Penal Federal relacionados con: Determinaciones referentes a la calificación de detenciones; vinculaciones a proceso; implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y determinaciones sobre extradición.
También se deberán concluir las audiencias de juicios que iniciaron antes del paro en los Centros de Justicia y Juzgados de Distrito Especializados en materia de Ejecución, y “que tengan que ver con las decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas”.
Otros asuntos que deberán atenderse mientras dure el paro indefinido serán los que tienen relación con beneficios de preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución (libertad pre liberatoria, anticipada y condicionada), así como acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario (hospitalización), segregación y cultura.
En los juzgados de Distrito se dará seguimiento a las diligencias para recibir declaraciones preparatorias; actuaciones en el periodo de pre-instrucción (hasta la resolución que resuelva la situación jurídica del detenido). También decisiones en materia de ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, o que versen en la compurgación de penas privativas de libertad o beneficios preliberacionales ya determinados, pero pendientes de ejecución.
Se atenderán también órdenes de arresto, actos que pongan en riesgo la salud o integridad de las personas, casos relacionados con afectaciones al derecho de la salud, casos relacionados con personas migrantes, y casos que puedan poner en riesgo el suministro de servicios básicos, como agua o energía eléctrica.
“Es importante informar a la sociedad que seguirán operando las Oficialías de Partes y el sistema electrónico únicamente para la recepción de asuntos urgentes y su trámite será a través de guardias con el personal mínimamente indispensables para ello. El teletrabajo podrá emplearse para lograr los fines de este acuerdo”, apunta la circular, signada por el secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, quien aseguró que el paro garantiza seguir atendiendo a la ciudadanía.
Presidente propone protección de jueces
El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso establecer mecanismos de protección para jueces que resuelven casos relacionados con la delincuencia organizada, como parte de la reforma judicial que se discute en el Congreso de la Unión, ya que son víctimas de amenazas.
“Buscar una forma que se pueda hacer porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones, es lo que nos sucede también eso con las policías, si son policías municipales están más expuestos porque conocen a sus familiares, ahí están, policía estatal también”, señaló.
Pidió a algún legislador llevar a cabo esta propuesta para integrar a la discusión de la reforma al sistema judicial mexicano; “un cambio, protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada, cómo protegerlos”, agregó.
Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que las policías municipales son amenazadas por el crimen organizado, y sus familias están en riesgo porque los identifican.
“En cambio, por eso es importante entre otras cosas la Guardia Nacional, la Marina y Defensa, las Fuerzas Armadas porque hay menos conocimiento y van cambiando (…) el caso de los jueces que tienen que decidir sobre estas cosas hay que buscar un mecanismo de protección”, apuntó.
En respuesta al planteamiento presidencial, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal se pronunció a favor de los llamados “jueces sin rostro” que operan desde hace algunos años en países como Colombia.
“Es una buena idea” que deberá integrarse al dictamen de reforma judicial que se discutirá en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, refirió.
“Esta figura se aplicó en los 90 en Italia, frente al aumento de la delincuencia organizada; luego, también en la narcoguerrilla de Colombia se aplicó; y en Perú recientemente y Brasil. Así es que no es una figura nueva y se adopta y se adapta a los códigos penales”, puntualizó.
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FGR
