Frente al revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, la 4T amagó con una fuerte respuesta en contra del alto tribunal por distintos caminos, que incluyen la posibilidad de emprender juicio político contra los ministros, una reforma para someter sus cargos al voto de la población, la reducción en su presupuesto y la revisión de los fideicomisos que maneja.
Así lo anunciaron los principales liderazgos del partido guinda tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que en conjunto enfilaron en contra de los integrantes de la Corte por su sentencia en contra de las reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Durante su conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Poder Judicial en su conjunto “está podrido” y criticó que es el único de los poderes de la Unión que no es electo por el voto directo de la ciudadanía.
“No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico, al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron; al Poder Legislativo lo mismo, se elige a los diputados, se elige a los senadores; el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte”, subrayó.
Advirtió que no se trata de una revancha, pero que su presupuesto será puesto a revisión y tendrán que explicar un fideicomiso con más de 20 mil millones de pesos que no ha sido transparentado.
“Vamos a ver ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, a ver qué va a hacer la Cámara de Diputados, si van a seguir manejando sin transparencia esos 20 mil millones de pesos”, subrayó el Presidente.
Como parte de lo que describió como el Plan C, anunció que en septiembre enviará una nueva iniciativa de reforma al Poder Judicial para que sean electos por voto directo de la población, pero antes, dijo, se debe contar con una mayoría por parte de su partido tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y llamó a los mexicanos a votar por los candidatos de la transformación.
Más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso tiene distintas facultades de control parlamentario sobre los ministros de la SCJN, que incluyen desde la comparecencia hasta el juicio político.
Durante el debate que se dio en la sesión de la Comisión Permanente en torno a la resolución de la Corte, puntualizó que, ante violaciones o invasiones de facultades, pueden ejercer ciertas atribuciones sobre los ministros.
“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado, o el Congreso nombra a los ministros de la Corte, y tenemos la expectativa, posibilidad y facultades de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, advirtió.
Monreal dijo que si bien es partidario de la división de poderes, no aplaude los excesos ni el derroche que, dijo, ha identificado en el Poder Judicial: “Yo investigué desde el año pasado, 40 excesos”.
Al referirse al Plan C para que los ministros sean electos por voto popular, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, apuntó que este tema será parte de la plataforma de su movimiento para el año próximo, porque dijo que no se puede tolerar que la Corte se convirtió en “defensor de una minoría y violentó facultades que sólo corresponden a la Cámara baja”.
“En el próximo proceso electoral y que sea plataforma de nuestro movimiento el procedimiento, el mecanismo que se doten los mexicanos para elegir a los integrantes del Poder Judicial, porque sólo el Ejecutivo y el Legislativo son la manifestación de la voluntad del pueblo”, dijo.
Para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la decisión de los ministros respecto a la invalidez del primer decreto del Plan B, protege el privilegio de algunos.
“Pero es evidente que la decisión de la SCJN protege el privilegio de unos pocos, en contra del interés del único dueño de la Constitución: el pueblo de México”, indicó.
Desde el frente partidista, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que la Corte puso en riesgo el orden constitucional al invalidar el Plan B.
“Me parece que hay una actuación política por parte de la Corte que (...) pone en riesgo el orden constitucional, porque decide invalidar una reforma aprobada de manera legítima por el Legislativo”, manifestó.
Gobierno “está ebrio de poder”, acusa oposición
Ante las críticas que se han emitido contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar una parte del Plan B de la Reforma Electoral, y frente a la reforma al Poder Judicial que anunció el Presidente, la oposición en el Congreso de la Unión aseguró que este nuevo planteamiento no tiene futuro y señaló al Gobierno de querer concentrar todo el poder.
El panista Jorge Triana dijo que la Corte y cualquier contrapeso le estorba a los funcionarios del Gobierno federal, pues, dijo, “están ebrios de poder y no lo quieren soltar”.
Señaló que, en el 2018, cuando Morena era oposición, se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que se impulsó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cual fue invalidada por la Suprema Corte por el motivo que hoy critica el partido guinda: la violación al proceso legislativo que se dio en el Congreso.
“En ese entonces, Morena no llamaba traidores a los ministros, ningún dirigente de Morena tachó a la Corte de ‘carecer de legitimidad ciudadana’, no acusaron al Poder Judicial de invadir funciones del Legislativo… Hoy, ya en el Gobierno, el obradorismo piensa todo lo contrario”, dijo.
En la Comisión Permanente, los legisladores albiazules manifestaron que el plan presidencial para convertir al Poder Judicial en un “apéndice” del Poder Ejecutivo no tiene futuro, pues esperan que la 4T no alcance los votos para conformar la mayoría calificada que requeriría la propuesta para su aprobación.
En este debate que se ha dado en los espacios políticos, la senadora Kenia López Rabadán reprochó la actitud del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien después de la resolución de la Corte sobre la primera parte del Plan B, advirtió que ahora sigue un Plan C.
Dijo que, en lugar de cumplir con sus funciones como secretario de Gobernación, demuestra que trabaja “para continuar con esta visión autoritaria que tiene López Obrador”.
“Decirle al secretario de Gobernación que su sueldo lo pagan todos los mexicanos, que él es o debería ser un servidor público para todos los mexicanos que, en lugar de estarse preocupando por las resoluciones de otro poder, por lo que debería de preocuparse es por decirle a México en dónde están los responsables del asesinato de 40 migrantes”.
A los pronunciamientos críticos también se sumó el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien calificó como un desacato abierto a la Constitución el plan anunciado por el Presidente, pues dijo que esto “significa quitarse las máscaras” para llamar a votar directamente desde el Gobierno por Morena.
“López Obrador no hace caso de nada de ello, para él es otra vez el ‘no me vengan con que la ley es la ley’, aquí se hace lo que yo digo, ‘por mis pistolas’”, destacó el líder del sol azteca.
Adicionalmente, el Grupo Plural del Senado de la República anunció la presentación de un incidente de aclaración de la sentencia de la Corte. El legislador Germán Martínez Cázares planteó que, con la resolución, se creó un vacío legislativo que podría beneficiar a cualquier funcionario para hacer propaganda electoral, por lo que señaló como necesario que los ministros dicten los efectos sobre la reminiscencia de las normas anteriores.
Alertan error si se elige a la SCJN por voto popular
Expertos en temas electorales aseguraron que la invalidez por violaciones al procedimiento legislativo del Plan B en materia electoral que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un hecho histórico que refrenda la división de poderes y la autonomía del máximo tribunal, en tiempos donde se encuentra bajo presión presidencial.
El constitucionalista Francisco Burgoa calificó el revés como histórico, porque no sólo estaba en juego resolver las acciones de inconstitucionalidad en la primera parte del Plan B, sino que la Corte pudiera reivindicar su autonomía e independencia frente a los otros dos poderes.
Mencionó que hay una fuerte presión en contra del Poder Judicial al calificarlo como “podrido” o que “no sirve para nada”; es decir, una serie de adjetivos que sólo abonan a un linchamiento social.
Agregó que las declaraciones del Presidente nublan aún más el panorama, ya que adelanta una reforma al Poder Judicial en la que se debe elegir a los ministros por voto popular, lo que es un error.
El exconsejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña aseveró a este diario que el resolutivo de la Corte es una buena noticia para el país, para el sistema electoral y para la regularidad democrática y dijo que ya es un indicador de lo que puede pasar con la segunda parte del Plan B.
Destacó que el país va con las mismas reglas de competencia electoral para el 2024, lo que es un buen mensaje para todos los actores políticos. Sobre la reforma al Poder Judicial que anunció el Ejecutivo, dijo que “es desacertada, ya que los ministros no necesitan legitimidad, pues ésta viene de sus decisiones y la discusión de sus sentencias, además de que se pierde la autonomía”.
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, dijo que la resolución de la SCJN es pertinente, sólida y genera un patrón para garantizar que el Congreso cumpla su función de garantizar la discusión e inclusión al aprobar leyes o reformas.
