La Fiscalía General de la República difundió la versión pública de la denuncia que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya en contra del panista Ricardo Anaya, a quien entregó seis millones 800 mil pesos, para que votara a favor de la reforma energética en beneficio de la empresa brasileña Odebrecht.
Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en la conferencia mañanera que la FGR aclarara de qué se le acusa a Anaya para que no lo culpe a él, la Fiscalía señaló que dicha cantidad fue entregada al panista por su jefe de escoltas Norberto "N", en la misma Cámara de Diputados en el año de 2014.
"Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo 'N' votó a favor de la misma.
"Los testigos Miguel 'N' y Froylán 'N', manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo 'N' y otros legisladores, a las oficinas de Emilio 'N', en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales", indicó la FGR.
Altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N”, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana.
Para ello, revelaron, entregaron sobornos a Emilio Lozoya, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
Lozoya, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones "superiores" para entregar seis millones 800 mil pesos a Anaya, para que emitiera un voto a favor de la reforma energética, con lo cual se privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de compañías extranjeras como Odebrecht.
La FGR indicó que "la secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido.
"Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público", expuso la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero.
