México se encuentra en riesgo de ser suspendido e incluso expulsado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con ello no recibir información sobre actividades criminales en el sistema financiero internacional si no cumple con las recomendaciones emitidas por esa organización, advierte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Si México no presenta un progreso significativo para subsanar las deficiencias encontradas en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, puede ser amonestado mediante un escrito; una comisión de alto nivel puede visitar nuestro país para reunirse con secretarios de Estado y altos funcionarios involucrados en el incumplimiento y, de persistir este incumplimiento, podría ser suspendido y no podría participar en el intercambio de información sobre actividades criminales en el sistema financiero internacional o ser expulsado de GAFI”, de acuerdo con información proporcionada por la UIF.
La instancia a cargo de Santiago Nieto recordó que México se comprometió a aprobar reformas a la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que permitiría que la dependencia pudiera realizar bloqueos, sin necesidad de contar con una solicitud, a cuentas bancarias relacionadas con negocios como lotes de autos, joyerías, inmobiliarias, notarías y otros que sean susceptibles de incurrir en lavado.
“Hasta ahora, la Comisión de Justicia del Senado no ha acordado un escenario para aprobar las reformas solicitadas por Nieto Castillo, por lo que se deberá esperar hasta febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones”, dijo a La Razón la senadora con licencia Claudia Anaya.
La última evaluación del GAFI sobre la actuación de México en el combate al Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo se realizó hace tres años. Ahí se estableció el compromiso de avanzar en la reforma legislativa.
En ese sentido, el senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que no hay un dictamen que puedan someter a votación, pero no descartó que pudiera aprobarse en un periodo extraordinario. “Podría darse un extraordinario si así lo determinan la Mesa Directiva”, señaló.
En la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020 presentada en septiembre pasado, Santiago Nieto advirtió que la falta de certeza jurídica y la impunidad que todavía persiste en el sistema judicial mexicano, así como la falta de eficacia para aplicar las leyes, provocan que el Estado mexicano se vea vulnerable ante las acciones de grupos criminales.
Otros factores que contribuyen a esta vulnerabilidad son el crecimiento de la economía informal, que las operaciones de compra y venta se realicen en efectivo en moneda nacional, dólares o cualquier otra divisa sin los controles necesarios.
En ese análisis de ENR se detectaron tres amenazas a la estabilidad del sistema financiero nacional y la seguridad nacional: La delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos que se mueven en operaciones financieras en el país y la corrupción.
Si bien no hay cifras oficiales sobre el monto que pueden lavar los criminales, Santiago Nieto calculó que entre 2016 y 2018, las organizaciones criminales obtuvieron ganancias por un billón de pesos (un millón de millones de pesos).
OBJETIVOS INCUMPLIDOS
Hasta ahora 15 de las 40 recomendaciones que formuló el GAFI se tienen como parcialmente cumplidas y una se considera no cumplida. Se trata de aquellas Actividades Profesionales Financieras No Designadas (APNFD), por ejemplo, las empresas de transporte de valores, los casinos, las empresas que realizan transferencias de recursos o quienes se dedican a la compra-venta de joyería, autos o bienes inmuebles y que son vulnerables ante un posible lavado de dinero.
En la evaluación que se presentará en marzo, México debe mostrar resultados sobre el análisis de vulnerabilidad de algunos grupos de APNFD como los notarios públicos, los abogados y los contadores.
La UIF advirtió que el tiempo se agota para realizar los cambios, pues México deberá presentar “el informe de efectividad y eso nos lleva a reiterar a todas las autoridades del Estado mexicano, al sector privado, tanto a sujetos vulnerables como sujetos obligados, al sistema financiero para poder contar con la información y rendir cuentas en el ámbito supranacional”, señala la unidad adscrita a la SHCP.
En ese informe, la UIF solicitará que se reclasificación siete recomendaciones y en otras cinco pedirá que se amplié la información porque han sufrido alguna modificación por parte de este organismo de carácter multinacional.
