A poco más de un año de haber sido creada la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (4 de diciembre de 2018), este mecanismo dio pocos resultados.
Con la llegada del nuevo gobierno se dio prioridad a nuevos análisis del caso para conocer lo que pasó con los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Durante 2019, el titular de la Comisión y subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, sostuvo varias reuniones con el abogado de los papás de los jóvenes, Vidulfo Rosales, sin que se concretaran avances.
Entre las acciones implementadas dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago y Francisco Cox, retornaron a México para retomar parte de las indagatorias.
A este diario Buitrago expresó que se cuestionaría la denominada “verdad histórica” del sexenio anterior en la que se aseguraba que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
A la molestia de los padres por no tener avances, se sumó que al menos 79 de los 142 detenidos han sido excarcelados por presuntos casos de tortura durante su detención.
El 26 de junio una nueva esperanza para los padres se dio cuando la Fiscalía General de la República (FGR) nombró fiscal especial a Omar Gómez Trejo, uno de los principales opositores a la “verdad histórica” del gobierno pasado.
En septiembre, José Trinidad Larrieta, experto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que presidía Raúl González Pérez, expresó a este diario que había elementos de que al menos 23 estudiantes habían sido trasladados a Cocula, en contraste con Encinas, quien sostuvo que de acuerdo a las declaraciones de los implicados, “ninguna conduce al basurero de Cocula”.
Larrieta reiteró en diversas oportunidades la necesidad de analizar los 114 restos óseos que hallaron durante su investigación en el basurero; con ello, dijo, “se sabría la verdad sobre el paradero de los normalistas”, ya que en su informe destaca diez posibles sitios donde pudieron haber sido abandonados los estudiantes.
El 26 de ese mismo mes, al cumplir un año más de la desaparición de los estudiantes, padres de los normalistas fueron recibidos en la Cámara de Diputados, donde subieron al pleno para exigir a los legisladores vigilar las investigaciones de la Fiscalía General de la República, además de emprender acciones contra los funcionarios y exfuncionarios que, señalaron, obstaculizaron las primeras indagatorias.
El dato: El último liberado fue Marco Antonio Ríos, a pesar de que admitió tener la encomienda de vigilar la entrada de estudiantes a Ayotzinapa y de comprar diésel para incinerar sus cuerpos.
Si bien se tienen avances, como el rastreo de llamadas para dar con El Patrón, por parte de la Fiscalía, en 2019 no se logró esclarecer los hechos, pues el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los datos obtenidos hasta el momento son insuficientes.
