La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó para el jueves la votación sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El ministro Luis María Aguilar solicitó que la votación fuera retomada el próximo jueves, para tomar tiempo de analizar y reflexionar e incluso hasta reelaborar su proyecto, con base en los argumentos expuestos por los ministros.
Tras esto, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, accedio a la petición y dio por terminada la sesión, no sin antes indicar que el siguiente jueves se debe definir la ruta a seguir en este tema.
A pesar de que diez de los 11 ministros coincidieron en reconocer diversas problemáticas que derivan de la prisión preventiva oficiosa, como que es violatoria de los derechos humanos, la mayoría no estuvo de acuerdo con la ruta que Luis María Aguilar sugirió para resolver el asunto.
Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunciaron en contra de intervenir el artículo 19 de la Constitución, bajo el argumento de que la Corte no tiene facultades para incidir en la Carta Magna.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que la PPO prevista en el art. 19 es “irreconciliable” con los derechos humanos que la propia Constitución propone, por lo que sugirió que la solución no es modificar la norma, sino privilegiar otro artículo: el primero constitucional, para sobreponer el respeto a los derechos humanos y, con ello, la presunción de inocencia.
“Al modular la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19 constitucional prácticamente otorga un cheque en blanco al ministerio público, el juez de control actúa como autómata una vez que se le es presentada la solicitud y su única misión es verificar irreflexivamente que a la persona le ha sido atribuido alguno de los delitos enlistados en el artículo 19”, dijo.
Tanto la ministra Norma Lucía Hernández y el ministro presidente Arturo Zaldivar se pronunciaron a favor del proyecto, pero con reservas, y abogaron por no poner en primer lugar una “supremacía constitucional” por encima de los derechos humanos; además, ambos coincidieron en que con esto no se rompe con la división de poderes.
"Si las fiscalías hacen su trabajo adecuadamente y los juzgadores hacemos nuestro trabajo adecuadamente, no tiene por qué haber un colapso por que se pase al sistema de prisión preventiva justificada, que es el que prácticamente tienen todos los países democráticos en el mundo… Condenamos a la gente a los infiernos que son las cárceles mexicanas y les hacemos perder la esperanza sin que un juez haya valorado si hay elementos que justifiquen que deben estar en prisión mientras se lleva a cabo su proceso" dijo el ministro Arturo Zaldívar.
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