México sigue atravesando una crisis de desaparición forzada que afecta a más de 90 mil personas, la cual es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia.
Así lo reconoció Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien subrayó que esta crisis se evidenció desde 2009 a través de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Caso de Rosendo Radilla Pacheco.
"Estamos próximos a conmemorar, como cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, recordando que persiste esta grave violación de los derechos humanos", dijo en el marco de las jornadas de discusión "El Poder Judicial de la Federación y la desaparición de personas".
"La crisis de desaparición forzada por la que atraviesa nuestro país y que afecta a más de 90 mil, sí, 90 mil 600 personas, es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza", subrayó.
En un videomensaje, Sánchez Cordero advirtió que las desapariciones, especialmente las forzadas, además de suponer la violación en múltiples derechos humanos, tienen la particularidad de ser un delito permanente o continuo.
La titular de la Segob reconoció también que el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia, reconstruir el tejido social desde sus cimientos y hacer lo necesario para que familiares y allegados de las víctimas participen tanto en la formulación como en la instrumentación de políticas y acciones de búsqueda y localización.
LRL
