Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó un proyecto para eliminar cualquier práctica discriminatoria en los servicios que prestan las aseguradoras, y establecer la obligación de que estas instituciones diseñen productos adecuados para las personas con discapacidad.
Con la aprobación de esta reforma, dichas instituciones deberán ofrecer facilidades en la atención y el servicio, accesos adecuados en sus instalaciones, prioridad en la atención de siniestros, así como un trato respetuoso y digno.
Se trata de un dictamen sobre la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal Ávila para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la Ley Sobre el Contrato de Seguro, que fue aprobado con 90 votos a favor y enviado a la Cámara de Diputados.
En el documento se destaca que la industria de los seguros es una de las áreas con mayores márgenes de discriminación, ya que la oferta de sus productos se basa en la diferenciación de las personas según una serie de perfiles de riesgo.
La reforma precisa que a las instituciones de seguros y las sociedades mutualistas les estará prohibido negarse a recibir una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión, preferencias sexuales o discapacidad de la persona solicitante.
Así, dichas instituciones tendrán que promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los productos de seguros y eliminar cualquier práctica discriminatoria.
Además, deberán diseñar productos adecuados para las personas con discapacidad, con un proceso de selección riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.
En el dictamen también se subraya que, a pesar de la legislación mexicana a favor de las personas con discapacidad, “las aseguradoras tensan constantemente los límites de los principios de igualdad y no discriminación”.
Sin embargo, se agrega, estas instituciones no tienen elementos para predecir, medir o cuantificar el riesgo específico de cada persona, por lo que una práctica común es emplear clasificaciones o agrupaciones arbitrarias.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el espíritu de esta modificación tiene que ver con la libertad y dignidad de las personas con discapacidad o de las que sufren discriminación por razón de su orientación sexual, origen étnico, condición social o cualquier otra condición.
“Es increíble que en pleno siglo XXI apenas se esté legislando en la materia. Aún estamos atrasados en materia de inclusión y combate a la discriminación”, por eso esta Legislatura tiene la obligación de avanzar en estos temas, subrayó el líder de la mayoría legislativa.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que el principal objetivo de la propuesta es atender el problema de discriminación generalizada contra las personas con discapacidad en el ámbito privado, especialmente en el sector financiero y la industria aseguradora.
Por la Comisión de Seguridad Social, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García informó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros trabajó con las y los legisladores para construir un mejor instrumento jurídico.
Del PVEM, la senadora María Graciela Gaitán Díaz recordó que la discriminación es un problema social y “no se puede permitir que se normalice”. Por ello, aseveró que esta reforma permitirá que las personas con alguna discapacidad y sus familiares reciban un trato igualitario al contratar servicios de seguros.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, respaldó la propuesta y dijo que las empresas son sujeto activo de violación de derechos humanos, pese que a que existe una responsabilidad empresarial corporativa, por lo que no puede admitirse ninguna discriminación bajo ninguna justificación para negar el acceso igualitario a los seguros.
El senador Roberto Juan Moya Clemente, del PAN, felicitó al promotor de la propuesta, Ricardo Monreal Ávila, ya que la iniciativa promueve la no discriminación y la inclusión para todos; sin embargo, llamó a tener cuidado de las aseguradoras de la llamada letra chiquita de los contratos.
