Este miércoles, La Razón reveló que el Senado interpuso un recurso de apelación en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el acuerdo que obliga a la postulación de siete mujeres a 15 gubernaturas en el 2021, por considerar que vulnera el orden jurídico nacional.
Aunque legisladores aseguran que están de acuerdo en que haya paridad de género en la designación de candidaturas, la impugnación busca revertir el mandato, pues existe una inconformidad importante.
Pero...¿cuál es la inconformidad?: Te contamos
El principal motivo de la querella tiene que ver con una presunta invasión de atribuciones, pues constitucionalmente, el Senado es quien tiene la facultad de legislar en torno a las autonomías de las entidades federativas, potestad que es exclusiva.
“Hay un incorrecto entendimiento de la paridad transversal o la paridad de todo mandato por la Constitución al vulnerarse el orden jurídico nacional”, resalta el documento presentado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Eduardo Ramírez Aguilar.
El texto advierte que el INE carece de competencia constitucional para emitir normas generales en materia de paridad aplicables a las gubernaturas locales, y “ello, pues como queda evidenciado, a cada legislatura local le corresponde establecer las reglas que se deben seguir al realizar la elección correspondiente”.
“Hoy el INE, con la emisión de lineamientos como los que ha dictado, autogenera una atribución de legislador constitucional de la paridad, que escapa a todas luces de las potestades que incluso tienen los estados y que de ejercerse por la federación ameritaría, como se explicó en el segundo agravio, una adición a la Reforma misma de paridad a nivel constitucional”, resalta el recurso de apelación.
El legislador de Morena también aseveró en la querella, donde pidió la intervención del al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en caso de desechar el presente recurso por falta de legitimación del Senado, “se estaría dejando fuera un ejercicio de control del acuerdo reclamado que puede ser contrario a la supremacía constitucional, al violar diversos principios y normas constitucionales”.
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