Un total de 55 senadores, entre ellos cinco de las bancadas aliadas de Morena (el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista), presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).
Los inconformes solicitaron al máximo tribunal se suspenda la aplicación de dicha legislación, que entró en vigor a partir del 13 de septiembre de este año, “vía la paralización de los efectos y consecuencias de la ley, más no la ley misma.
“Ello, para el efecto que el Presupuesto de Egresos 2019 no se rija por ella, hasta en tanto la Suprema Corte resuelva sobre su constitucionalidad. Lo anterior por el grave peligro que implicaría que se aplique una norma con claros visos de inconstitucionalidad para la estabilidad de la República y de todo el sistema jurídico”, subraya la impugnación.
El texto, firmado por legisladores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PVEM y el independiente Emilio Álvarez Icaza, argumenta que pretende rechazar injerencias entre los poderes de la Unión, ya que “el Ejecutivo no puede estar por encima de los poderes Legislativo y Judicial, como lo pretende la Ley de Remuneraciones”.
“La Ley de Remuneraciones transgrede los principios constitucionales de división de poderes, tanto en la autonomía presupuestaria, como en la independencia del Poder Judicial de y la soberanía de las entidades”
Rafael Moreno Valle
Senador del PAN
Esta ley, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución, sostiene que todo servidor público no puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de 108 mil pesos.
Los senadores señalaron que la legislación es inconstitucional porque hubo violaciones al proceso legislativo y el Congreso actúo tanto fuera de su ámbito competencial como de manera deficiente, al regular el artículo 127 de la Carta Magna.
Además, añadieron, tiene un impacto en diferentes componentes de la Constitución Federal como “el principio de división de poderes, tanto en la autonomía presupuestaria de los diversos entes que cuentan con ella como, destacadamente, en la independencia del Poder Judicial de la Federación, así como el Pacto Federal y la seguridad jurídica de los gobernados”.
El recurso interpuesto ante la SCJN fue suscrito por 55 legisladores, con lo que se cumplió el requisito de una tercera parte del Senado (33 por ciento) establecido en el artículo 105 de la Constitución, para poder presentar la acción de inconstitucionalidad.
El Dato: Hasta el martes, el Poder Judicial había recibido dos mil 875 solicitudes de amparo, la mayoría de su propio personal.
Entre los firmantes destacan los verde ecologistas Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Verónica Camino Farjat, Rogelio Zamora Guzmán y dos integrantes del Partido del Trabajo.
La impugnación de los partidos se suma a la presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en los próximos días podría ser admitida por la Suprema Corte, la cual recaería en el ministro Jorge Pardo Rebolledo para analizarla y formular el proyecto de sentencia correspondiente que sería presentado al Pleno.
