Atorada, ley para eficientar uso de agua y sequía crece

México enfrenta un incremento del 63.9 por ciento de territorio bajo condiciones de sequía en la última década, periodo en el cual también ha permanecido varada la modernización legislativa que permitiría eficientar la gestión del agua para garantizar el derecho humano de acceso al líquido fundamental para la vida humana, y que para varias regiones ya representa un grave problema.

Hasta el 15 de junio del 2023, el porcentaje de áreas del país con algún nivel de sequía era del 65.9 por ciento, que rebasa el 40.2 por ciento documentado en el 2014, según el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre el 2011 y el 2018 hubo una reducción del 71.2 por ciento en la vigilancia del uso del recurso hídrico de empresas y municipios, pues el promedio de visitas anuales de su personal pasó de ocho mil 129 a dos mil 334.

Aunado a esto, apuntó una insuficiencia presupuestal para la Conagua, debido a que entre el 2014 y el 2022 pasó de recibir 63 mil millones de pesos a 30.3 mil millones, y aunque para este año se aprobaron 68 mil 450 millones de pesos, “sigue siendo insuficiente”.

Por ello, señaló que la expedición de una Ley General de Aguas sería “clave” para una gestión más eficiente, pues parte del problema para atender esta situación es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las políticas públicas que implementan, pero que no se han actualizado.

Sin embargo, desde el 2012 permanece pendiente la aprobación de dicha ley en el Congreso de la Unión, donde se prometió que el asunto sería impulsado en el periodo de sesiones que acaba de terminar, pero que permaneció en la congeladora ante otros dictámenes de tipo político que sí fueron sacados adelante.

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Rubén Muñoz, comentó a La Razón que la propuesta para esta ley ya está lista, pero no logró salir adelante en el segundo año legislativo, a causa de la discusión de la Reforma Electoral y otros “temas sustantivos”.

Sin embargo, el diputado de Morena afirmó que el proyecto ya ha sido consensuado con las demás bancadas, por lo que se prevé que el próximo periodo ordinario se dictamine en comisiones, luego en el pleno de San Lázaro y, finalmente, en el Senado, tras lo cual se lograría su publicación.

Ante el saldo pendiente de 21.3 millones de mexicanos que no cuentan con red de agua potable, adelantó que, con la nueva normativa se complementaría la Ley de Aguas Nacionales, para incorporar los lineamientos que permitan garantizar el derecho al agua, como lo consagra el artículo 4 de la Constitución.

Entre estas medidas se contempla la fiscalización, de forma que el pago sea obligatorio para grandes usuarios comerciales e industriales y que se considere una tarifa diferenciada para personas de bajos recursos.

Sin ahondar en detalles, compartió que también se buscará sancionar la contaminación de los cuerpos de agua y que se promueva la reutilización integral del líquido mediante incentivos, para así impulsar el aprovechamiento de este recurso.

Explicó que el monto que se obtenga del cobro obligatorio y las sanciones por contaminación se destinará a un Fondo Nacional de Infraestructura, que redirigirá los recursos al saneamiento, a plantas potabilizadoras y demás acciones que lleven agua a las regiones del país.

“Debemos fortalecer a la Conagua y queremos, en esta nueva ley, comprometer a los gobiernos estatales para que formen parte de la solución conjuntamente con los gobiernos municipales.

“Se requiere, en efecto, consolidar la relación de los tres niveles de gobierno y, si el ámbito municipal no resuelve el derecho humano al agua, que sea responsabilidad de los gobiernos estatales, con el apoyo de la Federación”, dijo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, se buscará que el financiamiento para el servicio de agua llegue a más de 100 mil millones de pesos, que también se invertirían en la tecnificación del campo, para el mejor aprovechamiento de este recurso.

Pese al calor, la gente “no se quedará sin luz”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que pese a la ola de calor que se padece en el país, existe la reserva eléctrica suficiente para que la población no se quede sin luz.

En conferencia de prensa mañanera subrayó que gracias al cambio que representa la 4T el mercado eléctrico está bien manejado.

“Decirle a la gente que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos que aún con el calor, hay más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva y todo esto también se debe al cambio, porque si hubiera continuidad los mismos, entonces sí el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares, que sólo buscan la ganancia, en el caso extremo el lucro”, dijo el mandatario.

Aseguró que cuenta con reportes de la CFE de que el país cuenta con un margen amplio de capacidad de energía, pese a que sí se presentan algunas fallas que se están corrigiendo.

“Hay un margen amplio de capacidad de energía, hay fallos en algunas comunidades y se están corrigiendo, pero es normal, son que truena un transformador o por alguna otra razón se afecta alguna línea de transformación, pero es parte del trabajo que hacen los trabajadores”, declaró.

El Ejecutivo aseveró que el sustento de ese modelo privatizador es la corrupción, el robo, el bandidaje oficial, por lo que expresó: “Al carajo con ese modelo, al carajo allá arriba”.

Delitos ambientales, al alza en 17 estados

Durante los primeros cinco meses de este año, los delitos contra el medio ambiente tuvieron diferentes niveles de incremento en 17 estados del país, con un aumento global del 12 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Nayarit es uno de los estados más afectados por este flagelo, al registrar alza de 242.8 por ciento, toda vez que las carpetas de investigación pasaron de cuatro a 14 entre un periodo y otro.

El doctor en Recursos Naturales por la Universidad de Friburgo, Alemania, y catedrático de la UNAM, Víctor Daniel Ávila Akerberg, dijo a La Razón que el delito ambiental más socorrido y uno de los más graves es la tala clandestina, la cual está directamente asociada a la ola de calor que azota actualmente a gran parte del país.

“Es una relación directa, porque los árboles, por un lado, funcionan como captadores de bióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero… al no haber esta vegetación, pues seguimos emitiendo estos contaminantes que funcionan como captadores de energía del sol y esto provoca cambios en nuestra temperatura”, remarcó.

Agregó que los bosques atraen humedad: “Donde hay más humedad va a haber más nubes y va a haber una mayor precipitación, mayor lluvia, por lo tanto, si perdemos un bosque también perdemos la capacidad de retener esa humedad y se inhibe la lluvia”.

Otro de los estados afectados por el repunte de delitos contra el medio ambiente en los primeros cinco meses de este año es Nuevo León, con 262.5 por ciento, al pasar las carpetas de investigación de ocho a 29 entre los primeros cinco meses del 2022 y el mismo periodo de este 2023.

En tanto, Colima, Zacatecas e Hidalgo presentan aumento del 100 por ciento cada uno de ellos. En el primer caso, los expedientes pasaron de dos en 2022 a cuatro en el acumulado de este año, mientras que en Zacatecas los casos pasaron de uno a dos entre los periodos analizados.

En Aguascalientes el incremento fue de 87.5 por ciento, ya que en el primer quinquemestre del 2022 se iniciaron 24 averiguaciones previas, cifra que subió a 45 en el mismo lapso de este año.

En Durango el aumento fue de 400 por ciento, ya que las carpetas pasaron de cero en el acumulado a mayo del 2022 a cuatro en el acumulado del año con corte al mes pasado.

El especialista Víctor Daniel Ávila Akerberg señaló que los delitos ambientales más comunes en nuestro país son los relacionados con los bosques, “lo que tiene que ver con la tala, con la deforestación, con el cambio de uso de suelo”.

Indicó que la tala clandestina e inmoderada es uno de los más graves, pues “involucra otros temas, como la pérdida de la biodiversidad y de especies de plantas y animales”.

Enfatizó que los bosques son “el refugio, el hábitat para una biodiversidad única y súper importante que resguarda nuestro país, y como estamos considerados un país megadiverso, es una responsabilidad muy importante que tenemos acá, la de resguardar tanta variedad de animales, plantas y hongos”.

Y añadió: “Existe una especie de ajolote que tenemos en México y que, pues está en una categoría de riesgo de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059, y esto obedece en gran medida a la tala ilegal, así como a la contaminación de los cuerpos de agua donde habita esta especie”.

El experto destacó la importancia de acudir a denunciar la comisión de delitos contra la naturaleza: “Tenemos una policía ambiental a nivel federal que se llama Profepa y pues es una de las instancias principales a las que hay que dirigirnos, aunque también hay delitos que se consideran más del orden local o del orden municipal o estatal”.

El académico puso especial énfasis en recordar que “algo que es bien importante que tengamos presente es que la Constitución de nuestro país nos respalda y que uno de sus preceptos, en el artículo cuarto, señala que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano”.

Se trata, dijo, de una premisa básica que debemos hacer valer ante las autoridades y exigir que se respete ese derecho constitucional, lo que implica que tengamos bosques sanos y un medio ambiene en general sano.

Ávila Akerberg llamó a cuidar el medio ambiente en todo momento y lamentó que en México “no tenemos una buena infraestructura para hacer un tratamiento adecuado de todas las aguas residuales, pues muchas veces los drenajes, pues, solamente son vectores para llevar la contaminación a los ríos, a los lagos, a las lagunas y finalmente al mar”.