La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó otorgar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) por mil 738 millones de pesos para la organización de la revocación de mandato, ni siquiera en abonos, decisión que fue cuestionada por consejeros electorales.
“Más grave aún es la respuesta de Hacienda, exigiendo lo imposible de este instituto, porque no tiene los recursos indispensables para realizar un proceso de revocación de mandato en los términos que la ley exige. No hay, en el estrangulamiento económico que hoy reitera la Secretaría de Hacienda, nada que aporte a la construcción de un régimen democrático”, aseveró el consejero Uuc-kib Espadas.
En el último día del plazo para que la dependencia diera su respuesta a fin de evitar afectaciones a su cronograma, el órgano electoral recibió la notificación de la dependencia federal a las 18:33 horas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que niega la viabilidad jurídica de otorgarle más fondos.
“No es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a ese instituto, pues se reitera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 aprobado por la Cámara de Diputados no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”, leyó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, el documento durante la sesión del Consejo General.
En la respuesta de la Secretaría de Hacienda, firmada por Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en suplencia por ausencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reiteró que lo único viable es que el INE haga ajustes a su presupuesto.
“De conformidad en lo dispuesto en la legislación invocada sólo permite a ese instituto realizar la adecuación presupuestaria en su gasto con el presupuesto que le fue otorgado por la Cámara de Diputados por el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en todo caso, el incremento en su presupuesto aprobado cuando ese propio instituto obtenga ingresos adicionales que autoricen la adecuación presupuestaria respectiva, informando a esta dependencia sobre el citado incremento para efecto de la integración de los informes trimestrales y la cuenta pública”, apuntó la SHCP.
Tras conocer la respuesta de Hacienda, tanto consejeros electorales como representantes de partidos ante el Consejo General criticaron al Gobierno federal con la decisión y señalaron que se “busca asfixiar a la autoridad electoral”.
La consejera Carla Humphrey reclamó que el oficio de la SHCP no representa un trato digno para el INE, porque en principio ni siquiera está firmado una persona de nivel jerárquico correspondiente, además de que el instituto no planteó que para el 31 debía recibir los recursos, sino sólo una respuesta de con cuántos podría contar para organizar la revocación: “No es un trato que se merece esta autoridad electoral”, enfatizó.
Indicó que, además, el INE tampoco ha recibido respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni de Talleres Gráficos de México, a los que también les propuso que colaboraran gratuitamente con sus servicios para la organización de la revocación de mandato.
El órgano electoral incluso había planteado que las ministraciones de los recursos fueran mensuales, como lo explicó el consejero José Roberto Ruiz —La Razón lo publicó el 20 de enero— de modo que fueran por lo menos cuatro mensualidades a partir de febrero para concluir en mayo.
El consejero presidente José Roberto Ruiz Saldaña resaltó que “ya es de imaginarse cuando se dé a conocer, que no es posible instalar el número de casillas que establece la ley se van a intensificar los ataques contra el INE”, aseveró.
En tanto que el consejero Ciro Murayama lamentó “la negativa de la Secretaría de Hacienda de dar los recursos requeridos para llevar a cabo la revocación en términos legales. Lamento también que la respuesta tenga faltas de ortografía; es lamentable el nivel del Gobierno federal”.
Durante la sesión del Consejo General, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó el informe final sobre los apoyos para la recopilación de mandato, sobre los que los consejeros advirtieron el regreso de viejas prácticas para la suma de apoyos.
El consejero Murayama refirió que al confirmarse que el 25 por ciento de firmas fueron apócrifas, tras verificarlo con más de 800 personas en su domicilio, “las viejas prácticas están de vuelta, con nuevo ropaje, pero con el antiguo cinismo y autoritarismo”, indicó.
JVR
