Alrededor de 150 organizaciones sindicales universitarias demandaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador vetar la Ley General de Educación Superior, aprobada por la Cámara de Diputados, ya que en varios puntos viola el artículo 3° Constitucional.
Sergio Barraza Félix, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos (STA) de la Universidad de Sonora, destacó que con las modificaciones se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.
"Demandamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no promulgue la Ley General de Educación Superior aprobada y la regrese a la Cámara de Diputados para que por medio de una amplia discusión, se subsanen las deficiencias".
El líder sindical resaltó que es lamentable que la 4T haya avalado una ley con claros componentes neoliberales, los cuales refuerzan la privatización de la educación y el poder de las burocracias de instituciones de educación superior.
"Es evidente que fueron estas burocracias agrupadas en la ANUIES y las organizaciones empresariales las que dictaron los contenidos de varios de los artículos de la LGES".Sergio Barraza Félix<br>Secretario general del STA de la Universidad de Sonora
Al leer el comunicado conjunto de los sindicatos universitarios, detalló que el artículo 4 de la Ley General de Educación contraviene al tercero constitucional, al degradar el derecho a la educación superior otorgando a todas las instituciones, de ese nivel, la facultad de imponer requisitos adicionales a los estudiantes que concluyen su bachillerato.
Agregó que en el artículo 2 de la LGES, se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas, al condicionar toda reforma a la consulta a los órganos colegiados de la institución respecto de la cual se busca reformar su ley.
"Con ello, cualquier iniciativa para democratizar una institución autónoma podrá ser desechada por los órganos de gobierno de dicha institución, los cuales, precisamente por la carencia de democracia, son controlados por las burocracias universitarias".
Sergio Barraza denunció también que la citada ley general somete a todas las instituciones de educación superior a un control centralizado de los gobiernos federal y estatales, al dejar de manera exclusiva en sus manos la coordinación y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior.
Comentó que al incorporarse en la LGES un sistema de evaluación y de acreditaciones, así como las competencias, la internacionalización, la vinculación con el sector productivo, entre otros aspectos, pretende mercantilizar la educación.
"No resuelve las problemáticas de las universidades de educación superior en México en materia de presupuesto, dado que no incide en el fortalecimiento de políticas de financiamiento suficientes, como mecanismo transparente para manejos honestos y eficaces, orientados al bienestar de la comunidad universitaria".
Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo por su parte, que los cambios al artículo cuarto de la LGES "abren la puerta a que las autoridades soliciten un sinnúmero de requisitos para ingresar a la educación superior, lo cual es una contradicción constitucional".
EGC