A pesar de que el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) ejerció en el 2021 10.7 por ciento más del presupuesto que se le aprobó y que superó la meta de planteles que beneficiaría, lo cierto es que se hizo sin evaluar el cumplimiento de sus objetivos para garantizar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, la superación de las desigualdades entre escuelas y la permanencia de los alumnos.
La tercera entrega de la Cuenta Pública 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, da cuenta de múltiples omisiones o incumplimientos en la operación del programa con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) bajo el argumento de que con éste se incurría en actos de corrupción.
El órgano fiscalizador observó que con el LEEN se cometió un presunto daño al erario por 202 millones 700 mil de pesos, pero éstos lograron ser subsanados, por lo que no hubo monto por aclarar.
En 2021, la SEP ejerció en LEEN mil 310 millones 276.5 mil pesos por arriba de los 12 mil 280 millones 250 mil pesos que se le aprobaron originalmente. Además, benefició a 68 mil 665 planteles públicos de educación básica, lo cual fue 29.6 por ciento más que los 53 mil planificados.
Sin embargo, no dispuso de las actas de integración de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), que se conforman principalmente por madres y padres de familia que se encargan del gasto de los recursos que cada escuela recibe en función de las necesidades.
Además de esto, la SEP no acreditó las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción en dichas escuelas, ni el mobiliario y material didáctico adquirido.
En 17 de los 32 planteles analizados se encontró que las obras reportadas no correspondieron en todos los casos con las necesidades diagnosticadas, por lo que los apoyos entregados no se enfocaron en resolver las carencias que ahí padecían.
Los CEAP también debían integrar expedientes de actividades, pero la SEP sólo dispuso de los reportes de 6.9 por ciento de los planteles. La dependencia argumentó la falta de visualización del resto por el cambio de plataforma que se hizo en 2022 y a que tampoco los resguardó para llevar un control y evaluación.
Aparte, la Secretaría sí revisó 500 expedientes de los CEAP e identificó el incumplimiento de documentos para sustentar la incorporación de los planteles al programa, el gasto de recursos.
Aunado a esto, no implementó medidas para que dichos incumplimientos fueran subsanados, o que los hechos derivaran en la cancelación de los apoyos, promoción de medidas administrativas o hasta penales.
Entre las irregularidades económicas identificadas, se apuntó la dispersión de apoyos duplicados a cinco beneficiarios por un millón 150 mil pesos, así como un millón 500 mil pesos a tesoreros de siete CEAP que fallecieron en 2020, sin que haya evidencia que los recursos se canalizaran a los nuevos tesoreros para su aplicación conforme al programa.
Además, en 75 planteles beneficiarios, por conducto de los Comités, no se aplicaron todos los apoyos del programa debido a que algunos tesoreros tomaron los recursos sin devolverlos o adquirieron bienes no permitidos en los lineamientos del programa.
