Los delitos relacionados con faltas a la Ley de Migración aumentaron, de manera individual y con ayuda de traficantes, 160 por ciento en el primer bimestre del 2022, al comparar su tendencia con igual periodo de 2019.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en los dos primeros meses del 2019 se registraron 85 delitos relacionados con migración irregular, por tránsito y tráfico de personas, en 2020 se elevó a 105; en 2021 llegó a 185, y en 2022 sumó 221.
Además, durante todo el 2019 se contabilizaron mil 369 delitos; en el 2020 -año con pandemia- bajaron a 672 y, para el 2021, tuvo un repunte hasta llegar a mil 680.
La Ley de Migración establece que las violaciones al precepto son por entrada, tránsito y salida irregular del territorio mexicano, así como por transportar migrantes sin documentación legal, como polizontes en vehículos, lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) considera tráfico ilegal, de acuerdo con información proporcionada a La Razón.
Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y activista de El Salvador, aseguró que las bandas organizadas tienen el control del mercado del tráfico humano, ya que trasladan a las personas desde países de Centroamérica hasta Estados Unidos.
“Sí hay mucho tráfico de personas y coyotes en Centroamérica y México; el punto es que va a seguir habiendo tráfico si no se atienden las causas, que son pobreza e inseguridad, principalmente, ya que se basan en la necesidad de las personas y se aprovechan en cobrarles altas cantidades”, destacó.
La experta mencionó que las redes son transnacionales, ya que se coopta a las personas desde Honduras y las trasladan vía terrestre hasta México, escondidas en vehículos, donde se cambia la estafeta con grupos de aquí con los que tienen acuerdos para llevarlas hasta la frontera norte, además de que muchos de ellos no alcanzan a llegar porque terminan siendo víctimas de otros delitos.
“Se debe dejar de criminalizar a la migración, ya que las personas no tienen la culpa de abandonar sus países de origen por temas de pobreza y violencia. Lo que deben hacer los gobiernos de todos los países es atacar las causas y a los grupos del crimen organizado, que son los encargados de traficar a la gente”, estimó Medrano.
El pasado 23 de noviembre del 2021, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el delito de tráfico de personas aumentó 173.6 por ciento, pues mientras de enero a octubre del 2020 fueron reportadas 561 carpetas de investigación, en el mismo periodo del 2021 se documentaron mil 535.
Al respecto, el activista y sacerdote Alejandro Solalinde aseguró que aún persiste la corrupción en el INM, ya que en algunas partes se “hacen de la vista gorda” más que en otros, porque los camiones pasan por los estados sin ser detectados.
“Ya se rompió la cadena de corrupción que había antes; por ello, en algunos lugares sigue habiendo y en otros ya no. Había corrupción por parte de la Policía Federal, pero con la entrada de la Guardia Nacional se reforzaron los operativos”, explicó.
Añadió que en Oaxaca no se ve cuando pasan camiones, y son detectados en otros estados como Veracruz o Puebla, por lo que sugirió que los agentes federales pueden todavía estar implicados en las mafias del tráfico de personas con grupos criminales: “eso explica que los camiones estén pasando y no se estén dando cuenta por dónde van”.
