Entre el 2016 y el 2021, la población recluida que fue víctima de actos de corrupción dentro de los centros penitenciarios aumentó 59.2 por ciento, al pasar de 10.8 a 17.2 por ciento, y en los centros federales se registró el incremento más significativo.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el resultado de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, en la que incluyó indicadores que revelaron la corrupción, las deficiencias de seguridad y gobernabilidad dentro de los penales.
Los resultados arrojaron que el 36.2 por ciento de los reclusos fueron víctimas de al menos un acto de corrupción durante su detención, cuando fueron presentados ante el Ministerio Público, durante su proceso judicial o cuando ingresaron por primera vez al centro penitenciario.
De acuerdo con la estadística del Inegi, el incremento de la corrupción dentro de los centros estatales tuvo un salto de seis puntos porcentuales, mientras que en los centros federales fue de 6.7 unidades.
Aunque el Instituto de Estadística no precisó qué porcentaje total de reclusos tuvieron que pagar para acceder a alguno de los servicios, beneficios o permisos, señala que el 88.9 por ciento del total de pagos ilegales fueron entregados a los custodios; el 36.3 por ciento, a internos; el 16 por ciento, a personal técnico penitenciario, y el resto, a otros.
A nivel nacional, el 96.4 por ciento de la población privada de la libertad que se vio obligada a dar dinero a cambio de tener acceso a lo anterior, no presentó quejas o denuncias ante las autoridades.
- El dato: Inegi señaló que el el 33.6% de personas no denuncióporque consideró que la corrupción es común.
