Poco se habla del maltrato a los docentes, aunque las cifras vayan en aumento; y es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros, tres de cada 10 maestros sufren violencia “grave” en los planteles educativos de educación básica en el país.
A decir de Margarita Ramos, socióloga con especialidad en educación social, las dinámicas entre docente y alumno han evolucionado a una manera no favorable para los maestros, quienes sufren amenazas, burlas, golpes y hasta extorsión.
El ejercicio estadístico, operado por organizaciones de padres de familia en todo el país, también revela que el 40 por ciento del profesorado en México, de más de un millón 200 mil personas docentes en 229 mil 379 escuelas, ha recibido algún tipo de violencia. Este registro indica que, en primer orden de ataques, los profesores reciben agresiones físicas en 10 por ciento; humillaciones, 30 por ciento, e insultos y burlas, 60 por ciento, sin que estas últimas puedan ser denunciadas.
Marta Cervantes es parte de la asociación de padres de familia de la escuela República de Belice, y advierte que las problemáticas no sólo se presentan en los alumnos más grandes, pues indica que, incluso, maestros a nivel preescolar presentan este tipo de situaciones.
“Es que ahora el reglamento de la SEP ya no permite que los maestros digan nada, pues podría caer el profesor en un acto de discriminación hacia el menor; aquí he visto madres que vienen y amenazan a las maestras porque les piden a los niños recoger su material, o por cosas muy menores”.
La Secretaría de Educación Pública establece, en su reglamento interno, que es “derecho de los estudiantes menores de edad la “no expulsión” y, en general, derecho de los estudiantes de todos los tipos y niveles educativos a medidas disciplinarias escolares justas.
El documento, que se hace llegar al profesorado de los planteles, señala que “en la educación básica, queda en principio prohibida la expulsión definitiva de estudiantes por parte de las escuelas privadas u oficiales, ello, atendiendo a que los servicios educativos oficiales, e incluso los particulares, constituyen un servicio público”.
Además de que, en caso de comportamientos “erróneos” de los alumnos, la amonestación debe ser siempre en privado por parte de los maestros o por la dirección del plantel, y la comunicación debe ser sustentada por escrito a los padres o tutores del menor.
Lo anterior ciertamente “imposibilita”, a decir de la profesora “Rosy” —quien por motivos de seguridad prefiere estar en anonimato—, a una sanción que realmente corrija a los menores.
Antes era un espacio al que se le tenía respeto, aunque ese respeto tenía que ver, desde mi perspectiva, con autoritarismo y, en algunos casos, con maltrato. El fin de ese modelo está bien, pero, con el tiempo, hemos pasado a otro en el que la escuela pierde todo significadoMaría Elena Duarte, Psicóloga especializada en educación
En 2023, la profesora estuvo a punto de perder su plaza como maestra en la primaria en la que imparte clases. El motivo: una madre la denunció por acoso a su menor hijo.
La profesora relata que “en repetidas ocasiones se le dijo al alumno que no podía llevar un celular; el alumno tomó fotos de algunas de sus compañeritas con el celular, colocándose el aparato en el pie. Cuando lo vi, sentí mucho coraje; pensé que podría ser yo esa niña, y que era indebido. Le quité el celular y sí grité. La madre me acusó por acoso a su hijo, se hizo la investigación y salió la verdad, y hasta la fecha el niño sigue en la escuela y cada que es hora de salir, la mamá me hace señas obscenas. Mi directora me pide que sólo ignore”, explicó.
La profesora tiene 25 años de carrera magisterial y resalta que “en tan poco tiempo han cambiado considerablemente las cosas. Todavía hace unos 10 años podías tener autoridad; ahora, los padres nos la han quitado por completo.
