Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se unieron al paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en protesta contra la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, el máximo tribunal dejó claro que seguirán atendiendo los casos urgentes.
La decisión derivó de una votación en la que ocho ministros se manifestaron a favor y tres en contra. La convocatoria para que se posicionaran fue enviada por Minerva Paredes Hernández, presidenta del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho, y Edna Hayde López Ramírez, Tesorera de la organización.
Para los ministros Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek, “la impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos”.
Momentos antes, en entrevista con distintos medios, Laynez Potisek adelantó que de aprobarse la reforma al Poder Judicial renunciaría a su cargo para no participar en la elección de jueces, magistrados y ministros, porque aseguró que no cree en un sistema en el que un juzgador comprometerá sus resoluciones al salir a buscar el voto popular para ganar una elección.
Luego de anunciarse el paro de labores, el máximo tribunal puntualizó: “El caso de un paro de actividades, igual que como pasó en pandemia, y como lo hacen ahora juzgados y tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza que los asuntos urgentes no se detendrán”.
Señaló que, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, del Acuerdo General de Administración IV/2023, de la Presidenta de la SCJN, (del Comité de Listas) son asuntos de listado preferente, los que determina el pleno.
Detalló que de acuerdo con los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarto de la Ley de Amparo, y noveno Bis de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán, de manera prioritaria, cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.
“El pleno de la Corte encontrará la forma de sesionar, en caso de ser necesario, y resolverá asuntos urgentes”, precisó.
Indicó que hay casos que podrían presentarse en estas próximas semanas, en los que se deben emitir acuerdos, por ejemplo, en juicios de controversias constitucionales que ingresen a trámite y que requieran una suspensión o asuntos que deban resolverse porque si no se quedan sin materia y las normas pierden vigencia.
Además refirió que existen tratados y convenciones internaciones que otorgan el derecho de “manifestarse o a una suspensión, como la que estamos viviendo ahora”.
Los ocho ministros y ministras que votaron a favor del paro contestaron que todo lo expresado por sus homólogas era ir en contra de la libertad de expresión, asociación y reunión.
“Lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contendidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría (las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz), dirigidas en contra las y los ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano.
“Incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión, reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro derecho Constitucional”, afirmó esta mayoría.
También en el escrito se agrega que “con cabal respeto a las diferencias, pero sin caer nunca en provocaciones e intimidaciones que no abonan al debate republicano que debe imperar en un Estado constitucional y democrático de derecho”.
Además de que renovaron su compromiso “con la sociedad a la que nos debemos, así como nuestra solidaridad y respeto a nuestras compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación”.
El máximo tribunal dijo que no se celebrarán las sesiones de las Salas programadas para el 4 de septiembre ni las del pleno para el jueves 5 de septiembre, no obstante, se mantendrán guardias para garantizar que los plazos legales continúen hasta el lunes 9 de septiembre; además la tramitación de asuntos urgentes seguirá según el criterio de las ministras y ministros de la SCJN, quienes se reunirá nuevamente el próximo lunes para evaluar la situación y decidir los pasos a seguir.
Esquivel, Ortiz y Batres advierten juicio político
Frente al paro de labores al que determinó sumarse por mayoría el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres se manifestaron “de manera enérgica” en contra de la suspensión de labores y advirtieron que contra quienes aprobaron esta medida procedería un juicio político.
Las ministras señalaron que el artículo 109 constitucional dispone que procede la imposición, mediante juicio político, de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros que en el ejercicio de sus funciones “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
Al asegurar que no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los ministros, señalaron que el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) es “terminante” en señalar que incurre en responsabilidad el servidor público que deje “de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo”.
En un pronunciamiento conjunto, las juzgadoras agregaron que “el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala”.
“Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución Política”, señalan en su posicionamiento.
Esquivel, Ortiz y Batres señalaron que, durante la sesión privada del pleno, propusieron continuar sesionando a distancia, dado que la Suprema Corte cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos y más de 200 asuntos en lista en las salas.
“La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Las y los servidores públicos que la integramos tenemos la imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia a todo el pueblo mexicano”, indicaron.
El pasado lunes, en sesión privada, el pleno de la SCJN rechazó una solicitud de la ministra Lenia Batres que pidió “tomar medidas” contra la suspensión de labores en el PJF para evitar “lesionar el acceso a la justicia”.
El pasado viernes 30 de agosto, la ministra Batres envió la propuesta mediante un oficio dirigido a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En el documento pedía que se someta a consideración del pleno de la Suprema Corte “la emisión de un requerimiento dirigido al Consejo de la Judicatura Federal para que se expida un acuerdo general, así como todas las medidas necesarias para garantizar la función de jurisdicción en el ámbito federal”.
