El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversas atribuciones de la Guardia Nacional (GN) en materia migratoria, como la de revisar documentos a extranjeros en cualquier parte del territorio nacional, su detención y presentación en caso de que encuentre irregularidades, así como el resguardo y vigilancia de las estaciones migratorias.
Con nueve votos contra dos, el máximo tribunal también invalidó la atribución de la corporación “para realizar operaciones encubiertas o de usuarios simulados para prevenir delitos”.
El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, había propuesto invalidar la atribución para que la GN vigilara las estaciones migratorias, al exponer que “los migrantes no son delincuentes ni estos lugares cárceles”, pero, ante la oposición de todos sus colegas, optó por cambiar el proyecto para avalar la norma.
Fue el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN, quien hizo ver que la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes, era vigilada por una empresa de seguridad privada.
“Acabamos de ver una tragedia terrible, precisamente, en un centro migratorio, o en un lugar, donde estaban personas migrantes, donde al parecer, y hasta lo que se sabe, estaba encargada la seguridad del local a una institución privada, donde no se tenían los mínimos elementos necesarios. Yo creo que una institución como la Guardia Nacional es una salvaguarda de que los lugares tengan las condiciones necesarias y que, adicionalmente, se cuide a las personas migrantes”, indicó.
Durante la sesión de ayer, los ministros revisaron 10 apartados de la versión original de la Ley de la Guardia Nacional expedida en el 2019 e impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entre los cambios a la ley validados por los ministros, la corporación podrá solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones para la prevención de delitos.
Con diez votos contra uno, fue aprobada la facultad que tiene para “realizar investigaciones para la prevención del delito”, que el exombudsman Luis Raúl González Pérez cuestionó, al considerar que se invaden atribuciones del Ministerio Público.
Asimismo, ocho ministros determinaron que la Guardia sólo puede actuar en auxilio y bajo el mando del Instituto Nacional de Migración (INM) en operativos para revisar documentos y presentar a extranjeros en situación irregular.
En la sesión también se declaró constitucional la facultad para resguardar las estaciones migratorias, pues la ley no la establece como una acción que se deba realizar en forma permanente, sino sólo a petición del INM.
En lo que se refiere a geolocalización de dispositivos y actos de verificación para prevenir infracciones, la votación por invalidar este apartado fue de siete contra cuatro, con lo que los argumentos de la CNDH fueron desestimados, sin un pronunciamiento de la Corte.
Será mañana cuando la Suprema Corte termine de votar este asunto, del que sólo faltan los requisitos de ingreso y régimen disciplinario de la Guardia Nacional.
AM
