Por mayoría de siete votos, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron por suspender la sesión del pleno de este martes en solidaridad con los trabajadores del Máximo Tribunal del país que en estos momentos realizan una protesta silenciosa en contra de la reforma judicial.
Casi mil trabajadores de la SCJN –que actualmente no se encuentran en paro de labores, como el resto de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF)– realizaron esta protesta silenciosa dentro de la Corte, “para no interrumpir vialidades y crear un caos generalizado en las inmediaciones del edificio central”.
Los trabajadores esperaban afuera de las salas de sesiones y portaban cartulinas con consignas, ávidos de tener una muestra de apoyo de los ministros, quienes hasta las 11:45 horas de ayer determinaron sumarse a esta expresión de silencio.
El Colegio de Jóvenes Estudiantes y nuevos profesionistas de la SCJN convocaron a mostrar su “rechazo” a la reforma judicial, “entendiendo que la Corte no sólo son 11 ministros y ministras, sino todes” los que allí laboran.
La consigna con la que se plantaron en los pasillos de acceso al salón de plenos es: “la Corte rechaza la reforma judicial”.
La protesta se inició a las 10:40 horas; partió de la zona de elevadores del segundo piso del inmueble y se extendió a los pasillos del tercer piso, que es donde se localizan las ponencias de los ministros.
La convocatoria solicitó que fuera un acto solemne y pacífico, sin hacer consignas a ningún actor político o partido, y su plan recogía inicialmente que todos los integrantes se replegaran en las paredes hasta que pasaran los 11 ministros y ministras del pleno.
No fue la única manifestación. Por la mañana, la Coordinación Nacional en Defensa del PJF partió a las 10:00 horas desde las astas del estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, en la Ciudad Universitaria de la UNAM, a la sede del Poder Judicial en la Torre Prisma de Insurgentes Sur; de ese punto se dirigieron a las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal, en avenida Revolución.
Para lo anterior se sumaron escuelas de Derecho que están dando su apoyo a los trabajadores del PJF, que se mantienen en suspensión de labores desde el pasado 19 de agosto, con el fin de exigir un freno a la reforma avalada en comisiones de la Cámara de Diputados.
Por la tarde, varias comunidades de estudiantes de las facultades de Derecho de nueve importantes universidades del país manifestaron su preocupación por la enmienda propuesta por el Ejecutivo.
A través de un comunicado, los estudiantes destacaron la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial, por lo cual las universidades firmantes invitaron a la población a sumarse a una marcha pacífica este miércoles, que partirá del águila situada en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios rumbo al Consejo de la Judicatura Federal, a las 12:30 horas.
Las universidades participantes son: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Claudia pide cautela en proceso legislativo
La Presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los diputados federales electos a que “no se precipiten” y sean “cuidadosos” con el proceso legislativo por el que se avalarán las reformas enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las sugerencias que planteó en reunión con los próximos legisladores morenistas fue no acelerarse con la reforma judicial al inicio del periodo, como se tenía previsto para el primer día, además de pausar la reforma electoral, la cual deberá ser reformulada tras un mayor análisis.
Luego de ser nombrado como el próximo coordinador de la bancada, Ricardo Monreal dijo que, en su mensaje, la próxima mandataria federal los instó a no vulnerar ninguna parte del proceso por medio del cual se sacan adelante las reformas.
“Lo que la Presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite”, dijo.
Por lo tanto, aclaró que la discusión de la reforma judicial no arrancará necesariamente una vez que se abra el periodo ordinario de sesiones este domingo 1 de septiembre, pero lo que sí puede ocurrir es que se dé banderazo al proceso legislativo, debido a que el dictamen ya fue aprobado ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura saliente.
“A pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar; quiere decir que ese día, en una sesión distinta, puede iniciar todo el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular, para hacer amplio el debate”, indicó.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Sheinbaum Pardo sostuvo que hay ilusión y unidad dentro del grupo parlamentario, junto a los aliados del PT y del PVEM, pues aseguró que pasará a la historia por aprobar las reformas presidenciales y así acompañar al segundo piso de la Cuarta Transformación.
“Es un momento muy especial para el pueblo de México, para la historia de México. Vamos a ser muy responsables diputados, diputadas, el Ejecutivo, el Legislativo, en general. Es un momento histórico y estar a la altura de las circunstancias, de nuestro pueblo”, dijo.
Debido a que aún falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las miles de impugnaciones interpuestas en contra la asignación que el INE hizo de diputaciones y senadurías, dijo esperar que las y los magistrados actúen como lo hizo el árbitro electoral.
Al recordar que las prioridades legislativas son las reformas enviadas por el Presidente de la República, Sheinbaum Pardo explicó que, de las 20 remitidas, sólo la relativa al sistema electoral quedará fuera debido a que la Comisión de Puntos Constitucionales no alcanzó a dictaminarla y tocará replantearla.
Pese a la preocupación por reforma judicial, no ven impacto en inversión
El sector empresarial mexicano continúa inquieto ante el avance de la reforma judicial, en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) alertó que se tendrá un impacto en la producción y desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, además que si pasa la reforma, la elección de los jueces y magistrados costaría al erario más de 3.5 mil millones de pesos.
Al asegurar que respetan las decisiones gubernamentales, la iniciativa privada tiene claro que la llegada de inversiones al país se debe sustentar con certeza jurídica y autonomía de los tres poderes de la Unión; pese a ello, no vislumbran que las divisas salgan del país.
Ante ello, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, señaló que existe una presión de las cámaras empresariales para sembrar la idea de que la reforma judicial no es adecuada para el país, pero siempre vista desde la óptica de esos grupos que “no quieren dejar el poder donde se dirimen judicialmente intereses a favor”.
Lo que está en juego con la reforma judicial es el “beneficio particular de los grandes intereses”, porque en años anteriores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “sobaron” a empresas que se amparaban para no pagar impuestos, pero en la actual administración tuvieron que pagar su adeudo con el fisco, aseveró el analista económico.
“Entonces es ahí donde vemos cómo a través de los famosos grupos de presión: asociaciones empresariales, medios de comunicación, académicos de gran prestigio, estos últimos entre paréntesis, están colocando en el colectivo esta situación que, de aprobarse, México tendría un socavón económico, no es el caso”.
Martínez Cortés explicó que el daño que se asegura tendrá el país está lejano de la realidad, ya que los últimos datos de Inversión Extranjera Directa (IED) que publicó la Secretaría de Economía (SE), mostraron que hubo una gran reinversión de utilidades, si las empresas observaran que en México no hay estabilidad económica, jurídica, social y de seguridad no estuvieran reinvirtiendo esas utilidades, dijo.
Añadió también que no hay un peligro para el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como lo señalaron diversos actores políticos, como Ken Salazar, embajador estadounidense, académicos y agentes económicos, pues en el tratado “de lo que habla, es de procedimientos, no de figuras, no precisa que se debe tener tal o cual figura”.
Respecto a la posibilidad de que estaría en peligro el nearshoring, el analista económico dijo que la empresa matriz es la única que determinará si se invierte o no.
José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), señaló que no tiene conocimiento de que las empresas quieran dejar de invertir ante el momento histórico que vive México, pero destacó que, si se quiere aprovechar la relocalización de empresas, los inversionistas deben encontrar un Estado de derecho y certeza jurídica, “nosotros creemos que está es la gran oportunidad en un nuevo gobierno para transitar en estas oportunidades y no ahuyentar la inversión”.
Y aseguró que respecto a la elección de jueces y magistrados debe ser por examen de oposición y con una carrera judicial impecable de probidad y ética, porque la población no los conoce, entonces quién debe tener esa función es el Poder Legislativo, “nos parece muy importante que se mantenga esta elección de magistrados, jueces y ministros en manos de órganos colegiados”.
Por otro lado, Luis Antonio Zaldívar, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) aseguró que se ajustarán a las políticas gubernamentales, pero siempre en favor de mejores condiciones para las personas usuarias y personas trabajadoras de las empresas que constituyen a la Canapat; además, busca que con el próximo gobierno siga un acercamiento a la industria del autotransporte, “trabajando de la mano siempre”.
En tanto, Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseveró que la reforma judicial les preocupa, porque si la ley va a estar cambiando o el sistema judicial y jurídico no “están muy rígidos y establecidos” se puede ahuyentar la inversión a mediano y largo plazo, aunque afirmó que sí se debe hacer una reestructura en el Poder Judicial, en la cantidad de jueces, pero la designación debe estar impulsada desde su trayectoria y especialización.
Por su parte, la American Chamber/México señaló que la reforma judicial podría retrasar la profesionalización de las personas trabajadoras de la corte y se afectaría “la capacidad del Poder Judicial Federal para aplicar criterios técnico-legales y proporcionar capacitación continua para los jueces, especialmente en temas laborales” y se vulneraría el T-MEC.
Las afectaciones al tratado comercial son al Anexo 23-A, pues se asentó que México tendría tribunales independientes para la resolución de controversias laborales, también al Capítulo 31, que se refiere a la solución de controversias, “el riesgo de que exista una falta de profesionalización en los jueces podría afectar enormemente el tratamiento a las disputas comerciales”.
Pese a lo anterior, dijo que como representantes de la comunidad binacional de negocios y aliados comprometidos con el desarrollo de México, reafirma su compromiso de colaborar a través de mesas de diálogos sectoriales para revisar las iniciativas legislativas en el marco del T-MEC.
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