En medio de los embates luego de haber ordenado quitar la reforma judicial del Diario Oficial, la jueza Nancy Juárez Salas explicó que dicha medida no es una suspensión definitiva, sino una pausa en la reforma para analizar el fondo; aseguró que también tiene la conciencia tranquila, pues siempre se ha conducido con imparcialidad.
En entrevista con La Razón, la jueza titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, explicó que el juicio de amparo interpuesto fue en contra del proceso legislativo previo a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, mas no por haber reformado la Constitución.
“Pretenden hacer ver que no procede el amparo porque el artículo 61, fracción primera, establece su improcedencia cuando se trata de combatir reformas o adiciones a la Constitución. En este caso, ése no es el acto reclamado; el acto reclamado es otro, el proceso legislativo; por tanto, no podemos tomar como argumento lo que establece la Presidenta o alguna de las autoridades”, explicó.
El acto reclamado es otro, el proceso legislativo; por tanto, no podemos tomar como argumento lo que establece la Presidenta o alguna de las autoridadesNancy Juárez Salas, Jueza
Aseguró que entre los motivos que se han encontrado en el proceso legislativo van desde el nulo respeto a los tiempos que marcan los reglamentos del Congreso de la Unión, así como el hecho de que las votaciones no se realizaron de manera “correcta y legítima, además de una serie de argumentos que hacen derivar en la ilegalidad, de acuerdo con lo que así manifiestan las quejosas en la reforma judicial”.
Aclaró que la suspensión a la reforma judicial que concedió no es definitiva, sino que está dirigida a pausar el proceso de implementación y revisar el fondo: “la suspensión definitiva es transitoria, es decir, la eliminación que se está requiriendo a las autoridades no es definitiva, esto tiene vigencia hasta que se dicte la sentencia en el juicio principal y cause ejecutoria; es decir, se tendrá que analizar en el fondo, si tienen o no razón, las quejosas en sus argumentos; y si no tienen razón bueno, pues se negará el amparo si tienen razón, se concederá el amparo”.
Afirmó que la suspensión de su cargo tras denuncias en su contra en 2021 fue una presión ejercida por Arturo Zaldívar, con la finalidad de que no denunciara actos de corrupción, y explicó que mantiene su conciencia tranquila.
“Durante la gestión del exministro Arturo Zaldívar se dio una presión, y eso es sabido por todos, para que jueces y magistrados fallaran de alguna forma y otros dejaran de hacer algunas otras cuestiones y en mi caso fue ejercida esa presión para que no denunciara actos de corrupción que ya estaban documentados, y a través de dicha suspensión de mi cargo se me presionó”, acusó.
A la fecha, dijo, “esa queja no ha sido resuelta, y por tanto no hay ninguna causa de responsabilidad acreditada en mi contra”.
Declaró que, como jueza, “estamos expuestos a esa serie de ataques por alguna de las partes en el juicio a quien no le favorezca determinada resolución. Cuando nosotros protestamos el cargo asumimos esa responsabilidad. Los asuntos se litigan ante los tribunales y no en los medios”.
Insistió en que seguirá trabajando pues “no tengo noticia de juicios políticos en mi contra. Me siento tranquila de mi actuación, porque soy una jueza de carrera judicial y eso me ha permitido emitir mis resoluciones de manera imparcial y objetiva. Tengo mi conciencia tranquila”.
