La tala clandestina devora cada año en México una superficie que equivale a 24 veces la que tiene el Bosque de Chapultepec, seis veces y medio la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o, lo que es lo mismo, 4.1 por ciento de la superficie total de Tlaxcala y, a pesar de este impacto, el presupuesto para frenar este delito ha caído 38 por ciento en el sexenio.
De acuerdo con el reporte “Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México, 2022”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la deforestación por esta práctica ilegal impacta en 16 mil 640 hectáreas anualmente en el territorio nacional, según un promedio establecido entre los años 2015 y 2020, cuyo total alcanza las 208 mil hectáreas.
Dicho promedio de 16 mil 640 hectáreas representa 24 veces la extensión de 686 hectáreas sobre las que se asienta Chapultepec y 6.4 veces más que la superficie de dos mil 600 hectáreas del AIFA, pero a la vez es la vigésima cuarta parte del área total de Tlaxcala, que abarca 399 mil 660 hectáreas.
Al realizar una estimación con base en distintos escenarios sobre qué tanto del volumen de madera en el mercado nacional para consumo proviene de la tala clandestina, se expuso que éste podría ir del 30 hasta el 70 por ciento.
Considerando dicho parámetro para calcular el impacto económico anual, se encontró que los ingresos podrían ir de los 41 mil 622 millones de pesos hasta los 97 mil 118 millones, los cuales son entre cuatro y nueve veces más grandes que la producción legal de madera en el país.
En materia laboral, el documento apuntó que, si estas 16 mil 640 hectáreas deforestadas anualmente por la tala ilegal se destinaran a actividades forestales formales, se generarían hasta 49 mil 920 empleos “verdes”; es decir, formales y sustentables.
Asimismo, expuso que, si se revirtiera esta práctica clandestina, los espacios afectados podrían aprovecharse de mejor manera para mejorar cuencas hidrográficas o el proyecto gubernamental Sembrando Vida.
Entre las múltiples consecuencias que expuso en materia económica, retomó en la discusión el avance dentro de las regiones forestales del país por parte del crimen organizado, “quienes evidentemente tienen niveles de poder de negociación superiores”.
Hasta el 2021, la dependencia había detallado que existen 122 zonas críticas forestales por distintos ilícitos en 20 entidades federativas.
Entre las prácticas, apuntó la tala clandestina, lavado de madera —es una práctica similar al lavado de dinero, pero en lugar de hacerla con dinero en efectivo, los grupos delictivos la hacen con madera para cubrir la forma ilegal en que se obtiene y así poder comercializarla—, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos forestales, incumplimiento de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada.
Frente a este escenario, las autoridades reconocen impactos sociales como conflictos agrarios, desplazamientos de la población, atentados contra prácticas de comunidades indígenas y sus derechos, así como el empobrecimiento de comunidades campesinas.
Por ello es que, como está ocurriendo en los límites entre la Ciudad de México y Morelos, se llevan a cabo operativos con fuerzas federales y locales en aserraderos clandestinos, contra grupos de talamontes.
Y con el fin de “detener y revertir la pérdida de capital natural”, la Semarnat cuenta con el programa presupuestario identificado como G005 “Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
A pesar de que este programa ha tenido un aumento consecutivo en las últimas tres planeaciones presupuestales, el monto otorgado para este 2023 se encuentra 38 por ciento debajo de lo que se le asignó en el año que comenzó la actual administración, el 2018.
Una revisión hecha al Presupuesto de Egresos de la Federación deja ver que este programa tuvo un aumento consecutivo del 2012 al 2015 y, a partir de entonces, comenzó a descender, teniendo la caída más drástica entre el 2018 y el 2019, cuando pasó de 295 millones 924 mil 32 pesos a 210 millones 58 mil 312 pesos.
Al año siguiente, 2020, el presupuesto aumentó ligeramente a 219 millones 514 mil 279, pero desde ahí la asignación ha sido menor. Este año, recibió 182 millones 40 mil 191 pesos.
A pesar de que desde el ámbito legislativo se ha hecho mención del aumento de la tala ilegal, no hay datos oficiales públicos que den cuenta de ello.
Sobre delitos ambientales documentados, el único dato disponible es el ofrecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual expone el número de carpetas de investigación por faltas del fuero común, como la tala, incendios forestales, contaminación del suelo, agua y otras conductas.
Hasta el primer semestre de este año, se habían documentado mil 270 carpetas de investigación, cifra que es 12.4 por ciento mayor a las mil 129 registradas en el 2022 en el mismo periodo.
“De no existir la irregularidad en el sector forestal, (el presupuesto) podría destinarse a otras cuestiones de inspección y vigilancia en el territorio nacional y atendiendo otras prioridades del sector ambiental”, concluyó la Semarnat en su estudio sobre la tala ilegal.
Obispo: Cruzar por Huitzilac “da miedo”
Ante los hechos de violencia registrados el pasado miércoles durante un operativo contra talamontes, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, afirmó que “el problema se dejó crecer por corrupción… da miedo cruzar el territorio de Huitzilac”.
En entrevista colectiva, el prelado celebró el éxito que tuvo el operativo y añadió: “Qué bueno que está saliendo el tema, porque parecía que no sucedía nada, de esto no querían hablar y eso sucede desde hace años; a mi predecesor le robaron su carro ahí precisamente, le secuestraron a su chofer por un tiempo, gracias a Dios lo dejaron”.
Añadió que la feligresía y los turistas reportan que prefieren no circular por la carretera federal México-Cuernavaca, salvo que sea muy necesario y sentenció que la situación por la que atraviesa Morelos en cuanto a inseguridad y corrupción “es muy difícil”.
Por su parte, el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez, señaló: “Nosotros lo hemos venido planteando casi desde un principio; no teníamos que esperar a que terminara el sexenio para darnos cuenta de que el sistema de prevención del delito que traía el comisionado estatal de Seguridad Pública no servía”.
Más temprano, el gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó una reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, durante la cual celebró la coordinación que hubo entre autoridades estatales y federales para la realización del operativo del miércoles.
De acuerdo con un comunicado, el mandatario expresó: “No bajaremos la guardia, seguiremos reforzando los trabajos coordinados en todo el territorio estatal”.
En tanto, ayer se reportó una nueva movilización de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la zona boscosa de Huitzilac, los cuales esta vez no encontraron resistencia de los pobladores. Se informó que el número de efectivos federales llegó a 750, entre uniformados castrenses y miembros de la GN.
El general Antonio Ramírez Escobedo, comandante de la 24 Zona Militar, informó que fue asegurado un aserradero más, por lo que suman nueve entre martes y jueves.
Sobre el tema también habló el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien comentó que la reacción violenta del pasado miércoles en Huitzilac es una muestra de que existe una batalla fuerte contra la tala ilegal.
“Los acontecimientos de ayer evidencian que hay una batalla fuerte contra la tala de árboles en la región, evidencian un sostenido trabajo”, enfatizó.
Apuntó que en los últimos meses se han cerrado 30 madererías y 28 aserraderos clandestinos han sido desmantelados en la zona boscosa ubicada en los límites de la Ciudad de México y los estados de Morelos y México.
“Las acciones van a continuar, estamos en el mejor momento de la batalla contra los talamontes y eso va a seguir. Y nos da gusto que se esté dando esta acción en las tres entidades, que es acá en la Ciudad de México, en Morelos, y en el Estado de México, eso está teniendo efectos positivos”, indicó.
Cuatro grupos en el negocio
La Fiscalía General del Estado de Morelos tiene ubicados a cuatro grupos delictivos que controlan la tala clandestina y la comisión de otros delitos en Huitzilac: Los Chuchas, Los Netos, Los Panales y Los Vara Dávila, a quienes se atribuyen prácticas como tala, despojo de tierras, secuestro exprés, asalto a mano armada, extorsión a comerciantes y violación.
El pasado 13 de julio, el titular de la Fiscalía morelense, Uriel Carmona Gándara, indicó que se abrió una carpeta de investigación en contra de elementos de la Policía Municipal de Huitzilac por su presunto involucramiento con los grupos delictivos de la demarcación.
Días antes, el alcalde Rafael Vargas Muñoz aseguró que al menos 150 familias de la demarcación viven de la tala clandestina, actividad ilícita que abarca todo el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin y los alrededores de las Lagunas de Zempoala.
De acuerdo con reportes de medios locales, las mafias dese valen del apoyo de los pobladores, de policías municipales y de taxistas, los cuales funcionan como halcones y avisan cuando se acercan fuereños o fuerzas estatales o federales.
