A pocas horas de que el juez José Gabriel Ramírez Montaño dejó en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal y sus dos coacusados por el ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, cometido en septiembre del 2019, la jueza María Antonia Esteva Domínguez dejó sin efecto la resolución emitida por el juzgador, por lo que los tres se mantendrán en prisión.
Ayer temprano, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió del delito de feminicidio en grado de tentativa a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque en contra de María Elena Ríos Ortiz, por lo que determinó su libertad inmediata del penal de Tanivet, en Oaxaca, aunque la Fiscalía General del Estado anunció que apelaría esta decisión. También exculpó a dos coacusados de la agresión.
“Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución”, denunció Ríos Ortiz en redes sociales, en su primera reacción al darse el fallo del impartidor de justicia.
Denunció que todo fue pactado con la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca: “Esto es Oaxaca, esto es México, esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por justicia”.
En la resolución del juez, se estableció que “este tribunal considera que la representación social, con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados. (...) Como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Ruvicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaeza Charrez de la acusación que en su contra formuló el agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa, que se dijo cometido en agravio de la persona de identidad reservada”.
Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto José Gabriel Ramírez Montaño, la resolución. Esto es Oaxaca, esto es MéxicoMaría Elena Ríos, Víctima de intento de feminicidio
Agregó que, “en consecuencia, quedan en inmediata libertad y, desde luego, se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que se les impuso en la presente causa penal”.
Asimismo, solicitó notificar de la resolución, mediante oficio, a la unidad de medidas cautelares para los efectos legales a que haya lugar, así como al director del Centro Penitenciario de Tanivet en Tlacolula, Oaxaca.
El juez ordenó también el levantamiento de todo embargo precautorio o aseguramiento de bienes que se haya decretado en contra de los ahora absueltos Vera Carrizal, Loaeza Charrez y Hernández Ríos.
Explicó que los detalles de argumentación fáctica, probatoria y jurídica se precisarán en la sentencia, una vez integrada. “Las exigencias que la ley señala para la emisión del fallo han sido cumplidas”, afirmó.
Anoche mismo, la jueza sustituta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, María Antonia Esteva Domínguez, dejó sin efecto la resolución emitida al mediodía por el juez Ramírez Montaño, mediante la cual absolvía al exdiputado local, Juan Antonio Vera Carrizal, así como a los dos autores materiales de la agresión.
A través de un oficio: PJEO/CJO/TAT/8650/2024, girado al director del centro penitenciario de Tanivet, se informó de esta resolución, la cual suspende la liberación de Vera Carrizal, así como de Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Charrez, quienes deberán seguir en prisión preventiva.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia en la entidad dijeron a La Razón que, “además de la suspensión de la resolución, el juez Ramírez Montaño ha sido suspendido y está bajo investigación por presuntos actos de corrupción”.
“Queda sin efecto la boleta de libertad que fue ordenada a favor de los imputados antes mencionados y se ordena permita el ingreso de los mismos para que continúen con la medida cautelar originalmente impuesta en esta causa penal, esto en atención al acuerdo emitido con fecha 14 de agosto 2024. Se gira el presente a efecto de hacerle del conocimiento que queda sin efecto los celebrado en audiencia de juicio oral, en consecuencia, la boleta de libertad”, se lee en una primera parte del documento emitido por la jueza.
Repudian exoneración de juez a Vera Carrizal
La titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, solicitó la separación del cargo del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien absolvió a los tres presuntos agresores de la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz.
En entrevista con La Razón, y antes de darse a conocer que el Poder Judicial de Oaxaca revirtió la decisión, la funcionaria estatal respaldó la postura del gobernador, Salomón Jara Cruz, y condenó la liberación, pues consideró que en el proceso no hubo perspectiva de género.
“Solicitamos la separación del cargo para que se fijen responsabilidades ante este acto de impunidad que afecta no solamente a María Elena sino a todas las mujeres de Oaxaca, porque es un acto de impunidad y el mensaje que se manda a los agresores es que pueden cometer delitos y van a quedar sin ninguna consecuencia y van a quedar impunes”, declaró.
El intento de feminicidio en contra de la también activista ocurrió el 19 de septiembre de 2019, en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, cuando Ruvicel Hernández Ríos y Rubén Loaiza Chávez le arrojaron ácido. Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado y expareja de la música, fue señalado como el autor intelectual del crimen.
Previamente, Jara Cruz condenó que un juez decretara la liberación de los agresores de Ríos Ortiz, lo que era una muestra de lo corrupto del Poder Judicial (PJ).
“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”, dijo en redes sociales.
Sarmiento Pérez señaló que la determinación del juez en este caso vulnera sus derechos y los de todas las mujeres: “Hay un sistema de justicia que está siendo omiso con los derechos de las mujeres, que está encubriendo a los violentadores y que, como tal, es necesario pensar en una profunda reforma que nos lleve a las mujeres a tener la garantía de tener sentencias y juzgadores con perspectiva de género.
“Para que de esta forma, se logren sentencias que sean ejemplares y logremos, también, tener una disminución en los delitos. Lamentablemente, este acto, que cae en la responsabilidad del sistema de justicia y en el tribunal de justicia, pues es muestra de que aún hace falta mucho trabajo por hacer para sensibilizar a los funcionarios públicos que están al frente”, expuso.
Enfatizó que es importante que los juzgadores y las autoridades actúen con perspectiva de género, sobre todo en casos como el de Ríos Ortíz, en donde se cometió violencia ácida.
La violencia ácida es un tipo de agresión en el que una persona, a manera de venganza, lastima a otra con sustancias corrosivas, por lo que la víctima es desfigurada o lesionada, causando un daño irreversible o que, incluso, puede dejar al individuo incapacitado.
La secretaria de las Mujeres hizo un llamado al PJ para que se haga responsable de lo ocurrido, con la liberación de los agresores de la saxofonista.
“Hacer un llamado también al Poder Judicial para que asuma la responsabilidad y para que trabajen en fortalecer a los juzgadores. Considero que sí que tenemos las mujeres, desde los diferentes espacios, plantearnos la importancia de una reforma que nos permita acceder a la justicia pronta y expedita con perspectiva de género, de derechos humanos e interculturalidad. Me parece que hay que poner el dedo en la llaga de que éste es el ejemplo de cuando un sistema no funciona”, dijo Sarmiento.
Expresó que con estas acciones se puede ver cómo continúa la visión patriarcal en los impartidores de justicia.
El 3 de noviembre del 2022 el Senado avaló por unanimidad reformas al Código Penal Federal para imponer de 7 a 13 años de prisión a quien ataque a mujeres con ácido. Dicha pena aumenta en dos terceras parte, cuando haya o hubiera existido alguna relación entre el agresor y la víctima.
La funcionaria indicó que la Secretaría de las Mujeres continuará con el apoyo en favor de María Elena Ríos Ortiz en todo el proceso.
“El Gobierno del estado de Oaxaca ha estado brindando el acompañamiento a María Elena, hay diferentes instancias que brindan atención a víctimas, han estado ahí. Desde la secretaría, por supuesto que estaremos haciendo las diligencias necesarias, analizando las rutas para el acompañamiento y seguimiento a este caso que sabemos que necesita atención prioritaria.
“En el caso de la Secretaría de las Mujeres nosotros contamos con un centro de atención a mujeres víctimas de violencia, en este centro se brindan el acompañamiento jurídico y el acompañamiento psicológico, en este caso podría ser a ella y también a todas las mujeres que están viviendo alguna situación de violencia. Son las atenciones que nosotras brindamos y, por supuesto, generar mesas de trabajo para el seguimiento específico de sus necesidades”, mencionó.
La funcionaria comentó que desde el inició de la administración de Jara Cruz no se han registrado más casos de violencia ácida. Además, indicó que en el estado la pena por cometer violencia ácida en contra de una mujer es de 20 a 30 años de prisión.
Hasta marzo de este año la Ley Malena se había tipificado en los estados de Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, esto bajo la figura de violencia ácida.
En los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas no se han descrito sanciones específicas para la violencia ácida.
Mientras que en Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo los ataques con ácido se les considera como “delito neutro”, esto implica que no se considera con perspectiva de género. En Chihuahua y Colima se les considera lesiones calificadas y en Jalisco como delito autónomo.
La funcionaria señaló que la seguridad de María Elena es prioritaria: “Malena, estoy sabedora de que contaba con las medidas cautelares propias del proceso judicial. Ahorita, tendríamos que entrar en una revisión de cuál es el estado que guardará el tema de las medidas cautelares y, por supuesto, que haremos lo correspondiente para garantizar su seguridad”.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, también condenó la determinación del juez en el caso de la saxofonista.
“La determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad, que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación”, compartió a través de sus redes sociales.
Libra Fabiola su feminicidio; hoy cumple 5 años de exigir justicia
Este 15 de agosto se cumplen cinco años desde que Fabiola Pozadas sobrevivió a un intento de feminicidio en su propia casa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde su expareja, Santander “N”, la privó de la libertad durante 24 días. A la fecha aún espera a la justicia.
Este miércoles, la víctima tuvo su audiencia oral en el Reclusorio Oriente, en la que la defensa de su presunto agresor buscó reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa por violencia familiar para postergar su sentencia.
En 2019, Fabiola Pozadas estuvo privada de la libertad en su propia casa durante 24 días, tiempo en el que se dio cuenta que su agresor era un presunto falsificador de pinturas clásicas y robaba propiedades; en otro intento de agresión, ella huyó de su casa y brincó entre bardas la casa de una de sus vecinas.
La víctima contó a La Razón que luego de escapar y denunciar a Santander “N”, también lo señaló por presuntamente cometer los otros supuestos ilícitos.
“Me persiguió por toda mi casa y tuve que salir huyendo por los techos. Me percaté de lo que hacía por las llamadas que hacía, pero lo confirmé cuando una persona de su confianza aportó información para que lo encontraran cuando estaba prófugo de la justicia”, recordó.
El artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de entre 35 y 70 años de prisión contra quien cometa feminicidio, mientras que el artículo 200 precisa que se aplicarán de uno a seis años de cárcel.
En marzo de 2019 Santander “N” fue vinculado a proceso; sin embargo, el 25 de agosto de ese mismo año, el magistrado de la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Ávalos Sandoval, otorgó la suspensión condicional del proceso sin notificar a la víctima.
Ávalos Sandoval fue el único magistrado que en 2018 votó en contra de reclasificar como feminicidio el caso de Lesvy Osorio, quien fue estrangulada por su pareja en la Universidad Nacional Autónoma de México el 3 de mayo de 2017.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha reportado 30 feminicidios: siete en enero, la misma cantidad en febrero, cinco en marzo, tres en abril, dos en mayo y seis en junio.
Lo anterior representa un aumento de 15.3 por ciento en los feminicidios cometidos en comparación con el mismo periodo de 2019 cuando se registraron 26 .
En lo que respecta al delito de violencia familiar, ha habido 19 mil 743 casos en los seis primeros meses de este año.
El Observatorio Nacional Ciudadano, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde ocurrieron los hechos, hubo dos feminicidios en los seis primeros meses de 2019, mientras que este 2024 van cuatro en el mismo periodo.
Además, en 2019 hubo mil 17 casos de violencia familiar en la alcaldía Cuauhtémoc de enero a junio, pero en este año van mil 370.
DEFENSA VIOLENTA. La abogada de la mujer, Gabriela Amores, explicó a este diario que la audiencia oral celebrado ayer fue para desahogar la precisión para acreditar la tentativa de feminicidio, pero consideró que se llevó de manera violenta.
“La defensa de los feminicidas siempre es muy violenta, siempre quiere desacreditar a las víctimas, darles impresiones. El mismo imputado en algún momento empezó a reírse de la víctima. Esperemos que el juez tenga mirada imparcial para dar respuesta a las objeciones que pedimos”, dijo.
La jurista comentó que en la audiencia de ayer en varias ocasiones Fabiola Pozadas fue revictimizada, pues uno de los cuatro abogados de Santander “N” insistía en repetir preguntas e interrumpir al juez, incluso cuando sele indicó que no lo hiciera, por lo que fue necesario decirle al abogado que en caso de volver a interrumpir se sometería a una sanción.
Explicó que el legista del agresor hizo preguntas que respondían a hechos que ella (la víctima) ya había comentado, insistió en que describirá en repetidas veces cómo fue agredida, la interrumpía y nuevamente el juez llamó su atención.
“Aunque las preguntas no fueron aceptadas por el juez, el hecho de que las escuchara ya se revictimizó al momento de expresarlas, es muy común con la defensa de un feminicida, parte de su mecanismo es la desacreditación para hacer creer al juez que ellas (las víctimas) mienten”, explicó.
Gabriela Amores explicó que la carpeta no debe reclasificarse, pues un juez determinó que la respiración es un órgano vital. Describió que se trata de un hecho muy preciso, pues si la víctima logra zafarse se considera violencia familiar, pero si el imputado no llegó a su resultado es tentativa.
Fabiola Pozadas comentó que le llama la atención que en las salas de audiencias aún permean los estereotipos de género, pues reclamó que el abogado de Santander “N” le habló de manera despectiva e inadecuada, pero el Poder Judicial de la Ciudad de México no actuó al respecto.
“Se necesita poner más atención en esas conductas tan normalizadas por propios jueces y abogados. A una perito la tuteo, la regañó como hija y el juez no dijo nada”, comentó.
La víctima confió en que se haga justicia para que Santander “N” sea llevado ante la justicia; no obstante, el juicio aún no termina, por lo que continuará la espera para que el presunto agresor reciba, o no, una sanción.
