Luego de que el sábado pasado entró en vigor la reforma que liquida 13 de los 14 fideicomisos que administraba el Poder Judicial de la Federación (PJF), los cuales acumulaban más de 15 mil millones de pesos, ayer se presentaron las dos primeras demandas de amparo colectivo, que por lo pronto involucran a dos mil 161 trabajadores.
En sus primeras acciones, juzgadores agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) acordaron poner en marcha una respuesta legal a nivel nacional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para echar abajo la extinción de los fideicomisos; en total son mil 400 integrantes de dicha asociación.
A través de un comunicado, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, titular de la Jufed, dijo que “sus acciones no afectarán las labores jurisdiccionales”. Agregó que “la defensa del personal del PJF implica defender a los garantes de los derechos humanos de todas las y los mexicanos”.
La Jufed anunció la posibilidad de presentar amparos individuales contra la extinción de los fideicomisos y, como se trata de una reforma a una ley, “la primera suspensión que sea dictada impedirá la aplicación de la reforma y aplicará en beneficio del resto de los trabajadores del PJF”.
Más tarde, el despacho Trusan & Roma Abogados interpuso otra demanda colectiva, conformada por 761 firmas de servidores públicos que buscan la misma causa.
Los trabajadores decidieron volver (al trabajo) y manifestarse de nuevas formas; los amparos se presentarán (...) en los juzgados administrativos; luego se mandan a los juzgados auxiliares y, posteriormente, a la CorteJuan Alberto Prado Gómez, Secretario general del SNRPJF
El representante de la firma Trusan & Roma Abogados, Rodolfo Martínez Ayala, señaló que ayer por la mañana presentó la demanda de garantías en nombre de los empleados judiciales, quienes se coordinaron para interponer este documento. Agregó que espera que, a más tardar el próximo viernes, sea admitida la demanda y un juzgado en materia administrativa suspenda la aplicación de esta reforma.
“Anunciamos que Trusan & Roma Abogados acaba de presentar el primer amparo en los juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, en contra de la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados del PJF, derechos que consisten en cuestiones como jubilaciones o servicios médicos complementarios, así también como recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo”, subrayó.
El litigante indicó: “Nosotros esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y suspensión de las normas que se están impugnando a favor de estos empleados que han acudido a nuestra firma. En Trusan & Roma confiamos también que este asunto invariablemente terminará declarando la inconstitucionalidad de las normas que se están impugnando, concretamente el artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF”.
En medio del inicio de la batalla legal para combatir la extinción de los fideicomisos, ayer los trabajadores del PJF levantaron el paro nacional de protesta que mantenían desde el 19 de octubre y regresaron a sus áreas laborales en toda la República, con excepción del PJF Guerrero, que continúa en receso debido a los estragos por el paso del huracán Otis en la entidad.
A la par de estas primeras acciones legales, trabajadores del Poder Judicial de la Federación en varias entidades refirieron que dieron fin al paro de labores, después de que el 90 por ciento de la plantilla de trabajadores en el país volvió a sus actividades. Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, también anticipó a La Razón que comenzará una “lluvia de amparos en los próximos días”.
“Los trabajadores decidieron volver (al trabajo) y manifestarse de nuevas formas; los amparos se presentarán, primero, en los juzgados administrativos; luego se mandan a los juzgados auxiliares y, posteriormente, se van a mandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicó.
