Las personas migrantes, como las 53 que perdieron la vida en un tráiler en San Antonio, Texas, se han convertido en víctimas dobles de una especie de “negocio redondo” emprendido por el crimen organizado.
La frontera norte del país es un territorio base para la presencia de diversas organizaciones delictivas, como los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, del Golfo y el del Noreste, una escisión de Los Zetas, refirió, en entrevista, Alejandro Pocoroba, investigador del Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
No obstante, son el Cártel del Golfo y del Noreste los que se han visto involucrados con más incidentes de migrantes, como el ocurrido el año pasado en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde 19 fueron calcinados.
En cuanto a la rentabilidad de esta práctica delictiva, explicó que las ganancias económicas ilegales generadas a partir de los migrantes no se reducen al cruce, pues también son privados de la libertad para que sus familias sean extorsionadas, o algunos son víctimas de reclutamiento forzado, como una forma de “reemplazar las pérdidas que tienen ante las bajas con otros grupos o el Ejército”.
Andrés Sumano, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), resaltó que la mayoría de las víctimas en el tráiler de San Antonio eran mexicanas, ante lo que afirmó que una de las principales causas recientes de la migración de connacionales es la inseguridad generada por las organizaciones criminales.
“Es un negocio que ellos están controlando. De alguna manera sacan ventaja por ambas partes; se quedan en las comunidades y a los que se desplazan les cobran por trasladarlos”, afirmó.
Señaló que el tráfico de migrantes nació como una alternativa para nuevas organizaciones delincuenciales, quienes al ver que el mercado de las drogas era controlado por otras bandas, buscaron prácticas criminales distintas.
