La trata de personas con fines sexuales se incrementó 30% en México desde marzo de 2020 a la fecha cuando inició la pandemia por COVID-19, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, informó Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”.
Elvira Madrid, presidenta de la asociación civil, consideró que este crecimiento es a causa de la falta de atención de las autoridades, así como el “archivo” de las carpetas de investigación por parte de las fiscalías y las procuradurías de justicia estatales.
Las víctimas son enganchadas con promesas laborales o drogadas para ser sustraídas de sus lugares de origen, indicó tras revelar que se identificó a la Ciudad de México y Tapachula como los destinos donde más mujeres son blando de la trata sexual.
En la ciudad chiapaneca que hace frontera con Guatemala, las mujeres centroamericanas son blanco de este delito, dijo Madrid, quien añadió que en lo que va de este año Brigada Callejera ha acompañado a 30 personas para abrir carpetas de investigación por ese delito, la mayoría originarias de Honduras.
Mientras que en la capital mexicana, en el mismo periodo, se han abierto 15 carpetas de investigación por el delito de trata con fines de explotación sexual.
La activista planteó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome en consideración las recomendaciones formuladas por la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, como intensificar la prevención de este delito, en lugares donde desaparecen muchas mujeres jóvenes y hay una alta tasa de feminicidios.
Mejorar la protección de las posibles víctimas de trata, como las hijas e hijos de trabajadoras sexuales, que son vulnerables al secuestro y abuso por parte de los cárteles de la droga; incluir a las víctimas como un grupo especial que necesita protección en la alerta de violencia de género contra las mujeres, agregó.
Elvira Madrid propuso también derogar la disposición de los códigos civiles y de familia, que permite a los tribunales despojar a trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijas e hijos menores de 12 años, ya que los utilizan diferentes actores para explotarlas y extorsionarlas.
Pidió que sean rechazadas las propuestas legislativas que pretenden criminalizar el uso de los servicios de las víctimas de la trata de personas, porque esto en la práctica criminalizaría a los clientes de todas las trabajadoras sexuales.
