El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundado un recurso de queja y uno de inconformidad que presentó Carlos Ahumada, con los que buscaba evitar que se le investigara por su probable responsabilidad en delitos contra Rosario Robles.
En agosto pasado, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, resolvió desechar la demanda de amparo del empresario argentino, con la que pretendía evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza acción penal en su contra por extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso.
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El impartidor de justicia determinó que la demanda fue presentada de manera extemporánea, decisión que ahora reafirmó el Tribunal Colegiado.
Un mes antes, la Fiscalía informó al juez de amparo que contaba con los elementos para ejercer acción penal contra Ahumada.
Esa averiguación previa fue integrada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y tuvo su origen por la denuncia de la extitularde Sedesol y Sedatu, quien el 21 de agosto de 2013 acusó al empresario por extorsión.
En el expediente se lee que el empresario sustrajo tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento y que a través de terceras personas la amenazó con utilizarlas porque en ellas admitía una deuda millonaria.
Sin embargo, Ahumada reviró y reclamó un pago de 400 millones de pesos más intereses generados de 2003 a la fecha, dinero que según él forma parte del Fideicomiso Justicia y Verdad, donde aparecen como beneficiarios sus hijos María Cecilia y Ana Lucía.
