Tribunal tira restitución de auditor “incómodo”

Por unanimidad, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México, avalaron el proyecto presentado por Jorge Cruz Ramos durante la sesión extraordinaria donde el tribunal federal revocó la orden de frenar el despido de Agustín Caso Raphael, auditor especial que denunció prácticas nocivas al interior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De esta manera el tribunal revocó la suspensión que le había sido concedida a Caso Raphael el pasado 6 de mayo por el Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa con la que ordenó dejar sin efectos el oficio UGA/DGRH/DRL/045/2024.

Por lo anterior el titular de la ASF, David Colmenares, notificó el cese de sus funciones al llamado “auditor incómodo”, por “pérdida de confianza”; lo anterior al considerar que la medida que evita el despido de Caso Raphael no cumple con el requisito de no afectar el interés social o el orden público.

“Antes de atender a las figuras legales de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, debe cumplirse con el orden público e interés social, que en el caso no ocurre ya que el oficio reclamado hace de su conocimiento el cese de sus funciones por pérdida de confianza en la Auditoría Superior de la Federación”, indicó el magistrado ponente.

Caso Raphael era auditor especial de Desempeño de la ASF, pero entró en conflicto con Colmenares desde 2021, a raíz de una revisión al costo total de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que estimó en 300 mil millones de pesos, lo que provocó fuertes reclamos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de su cese en abril, Caso publicó una carta en la que acusó a Colmenares de manipular y censurar las auditorías y sus resultados para no incomodar al Gobierno.

“Se ha dejado de procurar o hacer cumplir los principios de separación de poderes, Estado de derecho y, con ello, se ha debilitado no sólo a la Auditoría, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato Constitucional a que están obligados”, señaló.