La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, por un presunto desvío y lavado más de 3 mil millones de pesos a través de una red de empresas fantasma.
Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la querella presentada el viernes 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las “empresas fachada” para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país entre 2012 y 2016 principalmente.
Esta es la sexta denuncia en contra de Lozoya Austin, ahora, por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, la constructora brasileña acusada de repartir sobornos a varios gobiernos.
La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR involucra a 11 personas físicas y 33 personas morales más, en la que se presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y sirvieron también para financiar campañas políticas, detalló la UIF.
Entre las empresas a través de las que se presume el desvío de recursos entre 2012 y 2016 se encuentran Odebrecht Ambiental México, Eseasa Construcciones S.A., TTG Asociados S.C., Blunderbuss Company de México S.A., Adding Machine Company de México S.A., IECL de México S.A. de C.V. y SWT México.
En un comunicado, explicó que derivado de un análisis identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, y el cual operó en tres niveles para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
Detalló que en el primer nivel las empresas vinculadas con Odebrecht recibieron los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada. Destaca una firma de la constructora brasileña que entre 2014 y 2016 recibió transferencias por más de 3 mil millones de pesos, supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal, que no fueron realizados.
La UIF explicó que las firmas en el segundo nivel de operación recibieron el dinero del primer grupo y se encargaron de intercambiarlo y estratificarlo mediante un esquema de triangulación de recursos “para posteriormente enviarlos a empresas con caracteristicas de fachada las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos”.
“Por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como Ciudad de México, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz; en el caso de la capital del país pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio “N””, resaltó.
