Santiago Nieto propuso a integrantes de la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, hacer una reforma que permita a la Unidad de Inteligencia Financiera, que él actualmente encabeza, recuperar de manera directa el dinero relacionado a cuentas congeladas de los cárteles.
En reunión virtual con los legisladores, informó que entre 2019 y 2020 han congelado más de 7 mil 500 millones de pesos en cuentas vinculadas con posibles casos de lavado de dinero; de ese total, señaló que hay dos mil millones, presuntamente pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación, que no han sido reclamados por nadie.
“Lo que pasa con ese dinero se lo quedan los bancos, por eso creo que valdría la pena hacer una reforma legislativa para que cuando tengamos recursos que nadie haya reclamado, haya una facultad normativa que nos permita ejercer un procedimiento de extinción de dominio”, señaló.
Explicó que, actualmente, la constitución señala que la única vía para extinguir un dominio es que el Ministerio Público lo solicite, por lo que bajo ninguna circunstancia la UIF podría hacerlo.
“Sería absolutamente inconstitucional, pero yo creo que sí tenemos que hacer algo con estas cuentas congeladas de los cárteles que nadie reclama, y la única forma de hacerlo es vía la modificación de una reforma legislativa que faculte a la Unidad o cualquier otra área del Estado Mexicano”.
Agregó que, aunque la ley obliga a la UIF a presentar denuncias, es el Ministerio Público el que tiene que congelar las cuentas o iniciar procedimiento de extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil, lo que además hace muy tardada la recuperación de recursos.
“Habría que esperar a que se desarrollara el proceso penal, se judicializara la carpeta de investigación, y que el juez, en sentencia condenatoria, emitiera una decisión respecto al decomiso de bienes del delito, lo cual nos va a llevar varios años de distancia”, puntualizó.
Aclaró que su propuesta no incluye los bienes que están en litigio, sino sólo los que no sean reclamados pasado un periodo de tiempo considerable.
“No me refiero a lo que está siendo combatido, hay muchos juicios de amparo, como el caso del Cruz Azul, la Universidad Autónoma de Hidalgo, en el caso de Lozoya, pero hay casos en que nadie reclama las cuentas, y creo que eso se podría canalizar hacia algún beneficio para la sociedad mexicana”, insistió.
Los legisladores federales se comprometieron a analizar su propuesta, que los 7 mil 500 millones de pesos congelados, ya que es una cifra superior a los congelados en el periodo 2016-2018.
