La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) defendió la autonomía del Poder Judicial (PJ), pues consideró que la división de poderes garantiza que los juzgadores y sus decisiones estén apegadas a la jurisprudencia y no a intereses o presiones externas.
En el arranque del evento organizado por la máxima casa de estudios de México para debatir la reforma judicial, especialistas en la materia coincidieron en rechazar la elección por voto popular.
Al inaugurar los foros “Reforma constitucional en materia de justicia”, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que es primordial considerar “la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas”.
Lomelí Vanegas agregó que éstas son “la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo”; además, recordó que nuestro país optó hace dos siglos por la forma de gobierno republicana, representativa y federal, “en los que ha habido una evolución política azarosa y aún queda pendiente consolidar el federalismo y la división de poderes”.
Enfatizó que “no puede haber retrocesos en la materia”, y también señaló que se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, con el fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos.
Al tomar la palabra, el constitucionalista Diego Valadés, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad, advirtió que “seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias, no resolverán los problemas existentes en el PJ y, en cambio, derogarán, avances logrados a lo largo de décadas”.
De igual forma, el constitucionalista señaló que “la elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder y sería inevitable un desenlace adverso para los derechos fundamentales en México”. Agregó que “no hay soluciones perfectas, pero sí mejores y peores, por lo que el país merece escuchar todas las voces interesadas”.
Al respecto, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó que la reforma judicial debe partir necesariamente de un “cuidadoso estudio”, pues consideró que “este fortalecimiento debe reflejarse en un sistema cada vez más eficiente, más accesible a la población y más independiente, al margen de ideologías políticas o de ocurrencias superficiales”.
Para la directora del IIJ, Mónica González Contró, la finalidad del Estado es garantizar la vida y el bienestar de las personas para que puedan desarrollarse libremente, y el PJ, como integrante del Estado, debe ser vigilante de los derechos humanos y el respeto a la Constitución.
Expresó que la independencia judicial es una condición indispensable para que los juzgadores tomen decisiones con base en la ley y la Constitución, pero no para su “aplicación ciega”, sino considerando las circunstancias de exclusión histórica.
Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, consideró que reflexionar en torno a la justicia “es básico, pues no se trata sólo de un ideal o un concepto abstracto; ésta impacta en la vida de cada ciudadano”.
