Tras más de cinco horas de debate, el pleno del Senado aprobó por unanimidad de 123 votos, las reformas a los artículos 4º y 27 de la Carta Magna, para garantizar un estándar mínimo de desarrollo de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, campesinos y pescadores del país, así como establecer el derecho constitucional de toda persona a una vivienda digna.
Asimismo, la Federación y los estados entregarán una pensión no contributiva y permanente a menores de 65 años, mientras que a todas las personas mayores de 65 les corresponderá una pensión no contributiva de adultos mayores.
Luego de la discusión donde los partidos se pelearon la paternidad de los programas sociales, se aprobó que el Estado garantice la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.
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El dictamen aprobado señala que el Estado otorgará un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.
También, el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables, y se eleva a rango constitucional el programa "Sembrando Vida".
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que la enmienda "representa un paso gigantesco" para definir el tipo de Estado que se busca en México.
"Estamos en la ruta de revertir 36 años de la noche oscura del neoliberalismo; esta reforma revierte las políticas excluyentes y consolida un Estado que hace de la política social, el espacio para garantizar los derechos de todas y de todos", agregó.
Al fundamentar el dictamen para su aprobación, la senadora de Morena, Andrea Chávez, presidenta de la Comisión de Bienestar, aseveró que con estas reformas el Estado dota a las personas vulnerables de herramientas para garantizar el desarrollo y el bienestar.
"¿Por qué es importante elevar a rango constitucional estos programas sociales?, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables", argumentó.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, aseguró que poner los programas de Bienestar en la Constitución, significa abonar a garantizar los derechos plenos para todas las personas.
"Yo asumo y abrazo esta visión de un Estado de bienestar social, también democrático y de derechos, que ponga en el centro condiciones para que los seres humanos se puedan desarrollar plenamente".
El priista Néstor Camarillo, manifestó que estas reformas dan certeza al bienestar de la población mexicana, además de que se garantiza a las personas adultas mayores mantener apoyos mediante pensiones universales.
"Imaginemos por un momento a nuestros abuelos y abuelas, a nuestras madres y padres y aquellos que han trabajado toda su vida y que nos han dado amor y enseñanzas, muchos de ellos han llegado a una etapa en la que deberían disfrutar de su edad con tranquilidad, sin preocuparse cómo conseguir lo necesario para vivir. En este sentido, con esta reforma estamos diciendo claramente ¡basta!, a esa preocupación", expuso.
La minuta se remitió a los Congresos estatales para su aprobación, donde se requieran 17 votos a favor para declararse la constitucionalidad de la reforma de bienestar
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