Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que la consulta para la revocación de mandato, a la que se someterá al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sea realizada el 10 de abril del 2022.
La fecha planteada al inicio era el 27 de marzo; sin embargo, el cambio se aprobó con el fin de que se puedan recibir, revisar y validar las firmas que se recabaron para este ejercicio.
De esta forma, el TEPJF avaló que se compruebe de forma muestral, casa por casa, que las personas que firmaron realmente hayan otorgado su apoyo de forma libre y consciente.
Las y los magistrados sostuvieron que esto forma parte de una obligación marcada por la Ley Federal de Revocación de Mandato para dar certeza y corroborar la autenticidad de las firmas.
Con esto se busca descartar que las mismas pertenezcan a personas que ya fallecieron, que se encuentran privadas de la libertad o que sus datos personales fueron utilizados sin su consentimiento o no se enteraron.
Ordenan al INE atender queja del PRD por uso de recursos de Morena
Por otra parte, el Tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral que analice si Morena usó financiamiento público de forma indebida para que la ciudadanía votara a favor de la ratificación del mandatario nacional, luego de que el PRD acusó al partido de utilizar el proceso de afiliación para promover dicha consulta.
A pesar de que el magistrado Felipe de la Mata Pizaña respaldó que el INE desechara la queja presentada por el PRD, al asegurar que la autoridad electoral actuó bien porque se analizaron las pruebas presentadas, sus pares se opusieron debido a que existe la obligación de indagar el financiamiento.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora expuso que el INE sí debería indagar las alegaciones, ya que el mismo instituto “determinó que los partidos no pueden participar en la recolección de firmas, está expresamente prohibido en los lineamientos”.
Agregó que hay publicaciones realizadas por dirigentes de Morena, quienes a través de redes sociales compartieron mensajes que implican “una intervención en la que referían un procedimiento de ratificación de mandato y no como lo establece la normatividad que es revocación”.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón coincidió en que el instituto debe admitir la queja porque las pruebas “advierten elementos suficientes para analizar si se actualiza o no una infracción en materia de fiscalización”.
Por otro lado, el magistrado Indalfer Infante González presentó el proyecto en el que respalda al INE para que apruebe el diseño de la boleta, además consideró válida la pregunta que el PRD impugnó, lo que tampoco fue respaldado por los demás magistrados, quienes apuntaron que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tiene las facultades para expresarse sobre la constitucionalidad de la pregunta.
El caso fue desechado por mayoría de votos y se mantuvo el diseño de la boleta aprobado por el INE y dejando expreso que la constitucionalidad de la pregunta le corresponde a la SCJN.
JVR
