Por obras inconclusas y canceladas en viviendas para personas en situación de vulnerabilidad, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tiene un monto que debe aclarar por 58 millones 103 mil pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esto fue informado como parte de la tercera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, realizada al Programa de Vivienda Social de la Conavi, que tiene como objetivo garantizar alojamiento adecuado a la población en situación vulnerable por riesgo, ingreso o condiciones sociodemográficas.
De las viviendas en proceso de obra, la Auditoría detectó que 335 intervenciones debieron concluir en mayo del 2021, por un monto que debe aclarar por 56 millones 120 mil pesos.
Sin embargo, la Conavi no entregó información sobre la conclusión de las obras o su cancelación. Tampoco pudo documentar que dichos recursos se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación.
En el 2020, el organismo realizó 649 intervenciones de vivienda por 99 millones de pesos, de las cuales sólo acreditó la conclusión de 314 por 42 millones 881 mil pesos. Es decir, el monto restante es el que está pendiente por aclarar. En el caso de las viviendas canceladas, la Conavi debe aclarar un posible daño al erario por 211 mil pesos, por 12 intervenciones para el reintegro parcial a la Tesorería.
El Programa de Vivienda Social cuenta con dos esquemas de operación: el primero es el subsidio Conavi 100 por ciento, el cual consiste en el apoyo total de recursos provenientes de la Comisión, no asociados a crédito ni a subsidio de otra entidad.
La segunda modalidad es el cofinanciamiento, que implica la combinación de aportaciones de distintas fuentes de recursos para la correcta ejecución de la intervención de vivienda.
En un inicio, la ASF determinó un monto por aclarar de 214 millones 384 mil 110 pesos, pero en el transcurso de la revisión se recuperaron 156 millones 280 mil 329 pesos, gracias a la intervención del órgano fiscalizador.
El monto recuperado correspondía a 154 millones de pesos por dos mil 815 intervenciones canceladas del Proyecto Emergente de Vivienda; 393 mil pesos de dos intervenciones canceladas; un millón por 11 intervenciones de vivienda canceladas del esquema Producción Social de Vivienda Asistida, y 33 mil pesos por sus respectivas cargas financieras.
En total, la ASF emitió seis recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
Por otra parte, Conavi tiene un monto por aclarar de un millón 171 mil pesos por la modificación de un convenio para la “revisión documental y la verificación en campo del avance de las intervenciones de vivienda de los programas que tiene a su cargo”, del cual aumentó su costo respecto al año previo, sin justificar el motivo.
En los cinco convenios de adhesión que Conavi celebró con las empresas, se estableció que el costo de la visita de verificación de obra sería de 870 mil pesos con IVA incluido. Esto representó un aumento de 87.5 por ciento respecto al 2019, cuando pagaron 464 mil pesos por el mismo servicio.
Pese a que el instituto entregó la documentación para justificar el aumento, la ASF expuso que “no se advirtió que el alcance fuera mayor en 2020 como para justificar la diferencia del costo de la visita de verificación”.
